Los ‘tomatierras’ se masifican y se expanden en el departamento de Santa Cruz. Un informe al que tuvo acceso el diario financiero News Time revela que hay 23 ocupaciones ilegales en la región. El tema es de conocimiento de legisladores, Gobernación, INRA e incluso algunos casos están en la Fiscalía. Los últimos dos casos se dan en el municipio de Pailón, donde se campea la ilegalidad a la vista de las autoridades.
Angustia, rabia e impotencia es lo que sienten los dueños de ambas propiedades. El primero está situado en la misma población urbana de Pailón, los ‘tomatierras’ están en la propiedad de 17 hectáreas de Hugo Ramón Gutiérrez. Lo peor de todo se registra en el predio agrícola El Porvenir, distante 180 km de la capita cruceña, perteneciente a diez hijos de la familia Justiniano. Una treintena de personas ingresó al área y se apostó a unos 700 metros de la casa principal del fundo.
Armados con escopetas, palos, piedras y hondas golpearon a uno de los dueños y se han afianzado en el lugar con la venia de autoridades y del INRA. En apenas 4 meses se han dado el lujo de construir casas y formar tres comunidades: Fortaleza, 2 de Septiembre y Avaroa.
Con lágrimas en los ojos, Lenny Justiniano junto a sus familiares nos muestra el predio. Han destrozado su casa, quemaron sus cosas, destruyeron una bomba de agua y ahora los tiene como sus vecinos y bajo constante amenaza. Cada día tiene que lidiar con ellos. La cosecha de soya, sorgo, chía y girasol tiene que realizarse bajo estricta vigilancia de los trabajadores que temen enfrentamientos en los próximos días.
Toda esta situación se da en medio de una SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1051/2019-S4 Sucre, 10 de diciembre de 2019 que respalda la legitimidad del predio a la familia Justiniano e instruye al Tribunal Agrario revisar su posición.
A ello se suma una inspección del INRA que constató la ilegalidad en la zona.
«Estamos viviendo lo peor. Hay clanes familiares en Pailón que comercializan la tierra y usan a originarios para cometer estos abusos. Desde el año 2013 venimos sufriendo. Nosotros tenemos ocho expedientes que datan desde 1917, otro de 1942 y el último de 1992. Ahora solo nos quieren dejar 5.000 hectáreas y todo lo demás lo anulan, inclusive parte de una laguna. Ellos destruyen nuestros caminos y tienen apoyo de gente con mucho poder», sintetiza Justiniano.
La historia es larga. El equipo periodístico recorre todo el predio y constata los asentamientos ilegales y la destrucción de algunas casas. Lo extraño del caso es que los ‘avasalladores’ chaquean la zona, la parcelan y la negocian. No trabajan la tierra.
Lo cierto es que los avasallamientos van en aumento y los productores agropecuarios se ven indefensos ante el pobre accionar del INRA, ABT, Policía y autoridades municipales y de la misma Gobernación.
Al respecto, los asambleístas tienen 23 denuncias de avasallamientos en la región. No obstante, analizan la situación caso por caso para no cometer errores.
GOBERNACIÓN E INRA ENFRENTADOS
Las tomas de tierras ocurren justo cuando este jueves el Gobernador Luis Fernando Camacho convocó a una reunión de la Comisión Agraria Departamental (CAD). El Director del INRA enfatizó que no asistirán al diálogo. Mientras que Camacho, afirma que «Santa Cruz, sus comunidades y pueblos indígenas, sus gremios productivos e instituciones han decidido cuidar la tierra y el territorio», y por lo tanto la reunión se llevará cabo.
Refirió que «el INRA, obedeciendo a una estrategia funcional a intereses políticos, pretende boicotear la instalación de la CAD».
Por su lado, mediante un comunicado de prensa, el INRA reivindica que «el saneamiento de la propiedad agraria, la distribución de tierras fiscales y otros procedimientos vinculados a la propiedad y tierras rurales, solo pueden ser ejercidas por el INRA, en representación del nivel central del Estado».
El ente agrario desvirtúa la realización de la CAD y la considera como «descontextualizada del nuevo diseño competencial establecido por la Constitución Política del Estado». El mencionado comunicado califica de carente de legitimidad a la convocatoria ya que, según su punto de vista, «no cumple los procedimientos formales y legales para su funcionamiento».
CAO y subsectores participarán activamente como control social
Mientras tanto, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) junto a sus subsectores emitieron este miércoles una posición en la que expresan que respetarán las normativas y las leyes vigentes y siempre defenderá y velará por los intereses de los productores y continuarán en esa dinámica cuantas veces sea necesario.
Solicitan a la Dirección Nacional del Inra se informe sobre los siguientes aspectos de interés:
- Situación del avance del proceso de saneamiento y titulación de predios privados
- Lista de avasallamientos o conflictos de los sectores productivos privados. Es importante considerar que proceso de saneamiento del país aún no termina, existe un porcentaje representativo de propiedades siguen en proceso de titulación.
Por lo expuesto, demandan:
- Derecho a la propiedad privada, que están en proceso de titulación.
- El derecho al trabajo
- De manera específica el cumplimiento de garantía del debido proceso ante INRA, ABT, Juzgados Agroambientales, Ministerio Público.
La CAO y sus sectores exigen a los entes administrativos (INRA, ABT, VT), el cumplimiento conforme la Constitución Política de Estado y la normativa agraria que establecen se notifique de toda intervención, en cualquier propiedad, a efectos que se garantice la participación de los sectores como CONTROL SOCIAL, garantizando equidad y respetos a los derechos constitucionales.
Para que se pueda efectivizar las acciones antes citadas, la CAO y los sectores afiliados CONFORMARÁN UN EQUIPO LEGAL, a ser el acreditado ante los entes administrativos para que puedan ejercen como control social a efectos que realicen el seguimiento de todos los procesos de los propietarios que necesiten apoyo jurídico en defensa de sus derechos.
Adicionalmente la CAO propone identificar en su totalidad los predios declarados tierras fiscales y que agotaron las instancias legales, a fin de construir una propuesta de ley que pueda considerar una mejor situación de estos terrenos recortados. A ello suman la solicitud, al Inra Nacional, de presentar la cantidad de hectáreas productivas que se encuentran en esta situación.
