Víctima de abigeato en total estado de indefensión

El hecho de que el abogado haya abandonado el patrocinio de su cliente Gina Mendía Gandarilla, minutos previos de una audiencia cautelar, arroja a la víctima a un abismo de total indefensión.

Un panorama incierto de esta naturaleza se registró ayer a las 10 de la mañana en el Juzgado de Instrucción en lo Penal, en San Ignacio de Velasco.

Y es que el juez Miguel Borja no fue informado de la renuncia del jurista y la víctima no tuvo más opción que unir sus manos en señal de suplicio ante su protector omnisciente. 

La víctima presentó un memorial al fiscal Víctor Cervantes pidiendo la detención preventiva del imputado por 180 días en la cárcel de Palmasola, considerando que la Ley Contra el Abigeato establece cárcel entre 4 y 6 años. Al mismo tiempo, la parte contraria con sus tres abogados defensores, solicitó «excepción incompatible», a fin de convertir el proceso penal y se ventile por la vía civil.

El pedido del imputado fue manifestado en la audiencia y el de la víctima olvidado. El juez, al comprobar su indefensión, decidió suspender la audiencia cautelar para el próximo 6 de mayo a horas 10.

La damnificada, sumergida en un manipulado procedimiento, optó por defenderse sola, interviniendo con sus propios recursos, puntualizando que la subestimaron y la trataron como a una retrasada mental.

Levantó la mano y pidió la palabra al tribunal. Subrayaría que se acogía al Artículo 8 del Código de Procedimiento Penal, que en Defensa Material establece: «Cuando sin perjuicio técnica tenemos derecho a defendernos a sí mismos, a intervenir en defensa material y a formular las peticiones consideradas oportunas.»

De igual forma lo haría con el Artículo 11 que señala: «la víctima podrá intervenir en el proceso penal y tendrá derecho a ser escuchada antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal y, en su caso, a impugnarla».

A punto de iniciar un gran reto la audiencia fue suspendida. Sin embargo, no permaneció cautiva porque redactó sus propias ideas y volvió por la tarde al juzgado a entregar al magistrado una carta que plasmaba su defensa.

En ella expresaba que, como consecuencia de todo un laberinto injusto, su salud se había deteriorado. La falta de respeto a la justicia la cometía desde hace dos años el imputado, al no presentarse a las audiencias. No sólo lo hizo en el presente caso de «Estafa y Abigeato», sino en el anterior proceso que le interpuso para que la Juez Agroambiental reconozca su firma en el contrato de aparcería de su ganado.

Con un estilo imparcial, la afectada describe que el imputado dilata maliciosamente los procesos y como consecuencia, «angustiada, en muchas ocasiones me llevaron de emergencia al hospital, aún así no falto a una sola audiencia».

La nota señala puntual: Señor juez, tal vez no trasciende, pero me estoy esforzando mucho para no rendirme y quebrantarme ante esta grave coyuntura. Desde el año 2019 cuando entregué mi ganado a don Oscar Luis Rivero Vargas, estoy remando contra un tsunami. Enfrento una dura batalla judicial y siento ahogarme en un maremoto de infamias, mentiras y engaños. A esto se suma el estado de «indefensión» de no poder contender «a capa y espada» una querella desatendida y minimizada.»

Dentro de la denuncia presentada por el delito de Abigeato, Artículo 350 del Código Penal contra Oscar Luis Rivero Vargas, el señor fiscal «tipifica un delito de abigeato simple que no compite a los antecedentes del caso», siendo que corresponde a un «Delito de abigeato múltiple agravado.»

En la nota expongo que el fiscal en materia Víctor Hugo Cervantes, como defensor de la sociedad y el Estado modificó el tenor de mi denuncia.

De igual forma, sustento que mi abogado, el Dr Olmos, debió formular la respectiva observación, pues lamento afirmar que, ambos profesionales «me dejaron, reitero, en un estado de indefensión.»

Prosigo narrando que, con su poderío económico, estimo que don Oscar Luis Rivero, al verme indefensa y con el mundo litigante que me dio la espalda, ha de sentirse feliz, así como disfruta el dinero y las ganancias que obtuvo con la venta de mi ganado.

Como afectada sostengo que judicialmente está plenamente demostrado que Oscar Luis Rivero Vargas me robó 104 cabezas de ganado, pues lo admitió al hacer una oferta económica de resarcimiento de daños poco seria, de quince mil dólares, equivalente al 25 por ciento del valor de mis bovinos que sustrajo sin mi consentimiento. En una segunda oportunidad ofreció entregar una de sus cayolas (camiones grandes que transportan ganado a lugares distantes) «que forman parte de su fabulosa logística para consolidar su delito.»

Por lo expuesto, pido modificar el delito, que responda tal como lo establece el artículo 350, párrafo 3, incisos I y II del Código Penal, y al mismo tiempo, se proceda a Imputar Formalmente para aplicar la Detención Preventiva.

Señor magistrado, tome usted conocimiento que soy una persona con invalidez física congénita y ni siquiera esta desgracia conmovió al fiscal para hacer justicia, vulnerando mi Derecho de Acceso a la justicia.

De igual forma, manifiesto que soporto un «manipulado, oscuro e injusto proceso» con mi denuncia que a la fecha no prospera; con un delito mal tipificado, siendo que es un «abigeato múltiple agravado.» Confirmo que el imputado robó ganado a mi hermana Hilda Consuelo, pero ella abandonó un proceso que le interpuso el año 2021 (95/21)

Señor juez, este caso Sui Géneris no se lo estudió ni analizó como un caso de víctimas múltiples porque «somos cuatro hermanos que seguimos cobrando el ganado que entregamos a Rivero Vargas bajo la modalidad de «aparcería»

La justicia no consideró las tres denuncias que adjunté en mi proceso,  y otras que son de conocimiento público.

Informo a usted que el motivo de que las víctimas del imputado abandonan sus procesos, radica en que se sienten indefensas, atemorizadas, desgastadas, impotentes, hostigadas y despojadas de medios para su defensa.

Del mismo modo, me atrevo a deducir que el denunciado ha desarrollado el «Síndrome de la Rana Hervida», que obliga a sus víctimas a adaptarse consciente o inconsciente a situaciones dañinas que desfavorece el bienestar mental, emocional y económico de la colectividad ignaciana.

El síndrome se expande a mayor escala porque a la fecha no existe autoridad juríca que haya impedido su propagación.

La normalización de este delito en Velasco no fue tomada en cuenta, y (el delito) no ha sido estigmatizado. Ante este peligro, desnudo un fenómeno que registra cambios graduales de temperatura que ya están hirviendo y destruyendo en nuestra sociedad ignaciana.

El imputado está pulseando con chicanerias jurídicas, ganando múltiples demandas al dejar a sus víctimas  en estado de indefensión y obligar que abandonen los procesos ¡eso es ganar la pulseta a la justicia!, y la sucesión de  fiscales y jueces no lo ven porque están ciegos y no estudian a profundidad este suceso.

Analice usted señor magistrado que, el presidente de la Asociación de Ganaderos de San Ignacio de Velasco (AGASIV) me envió una carta expresando su solidaridad por el trago amargo que estoy pasando, pero, al mismo tiempo, sustenta que el imputado «es asociado» de esa prestigiosa entidad, porque «no tiene sentencia condenatoria.»

He observado cómo el incriminado está destruyendo la moral y la economía ganadera de Velasco. Surca caminos para que peones, vaqueros y capataces sigan su ejemplo porque han visto que es una actividad rentable, además, carente de una ley rigurosa, que impide sentenciar a los culpables.

Dios sabrá por qué le permitió ganar mil batallas a Rivero Vargas, y le ruego me conceda la gracia de darme las fuerzas necesarias para derrotarlo en una encarnizada guerra.

Si bien me encuentro en «estado de Indefensión», no estoy sola. No he visto un crucifijo en la Sala de Audiencias del Juzgado para decirle a mi Salvador: ¡Señor, baja de esa cruz y defiéndeme! No obstante, sé que Él está siempre a mi lado, me ampara y confirma que, por su inmenso amor ¡se hará justicia!

Su Señoría, permítame expresar que está en sus manos hacer justicia y pasar a la historia ignaciana como la única autoridad judicial que frenó este delito.