El juicio oral y contradictorio por el denominado caso “gases lacrimógenos de Ecuador” comenzó este lunes. La Fiscalía solicita la pena máxima de 30 años de prisión para tres exministros de Jeanine Añez, así como para otros acusados por delitos de tráfico ilícito de armas e incumplimiento de deberes.
“Fuimos notificados por el Tribunal 2° de Sentencia Anticorrupción de la ciudad de La Paz, que ha ordenado la apertura de juicio oral público, continuo y contradictorio por la internación de agentes antidisturbios (gases lacrimógenos y otros) en calidad de préstamo desde la República de Ecuador al país en la gestión 2019”, dijo el fiscal departamental de La Paz, William Alave, según una nota de prensa.
La audiencia comenzó, de manera virtual, a las 14.00 pero fue suspendida para el 28 de mayo ante la ausencia de los principales coimputados en el caso.
Los exministros de Gobierno, Arturo Murillo; de Defensa, Luis Fernando López; y de Comunicación, Roxana Lizárraga, fueron declarados en rebeldía. Además, el tribunal emitió una orden de aprehensión contra las exautoridades, informó Osvaldo Rojas, abogado de un exjefe militar acusado en el caso.
“En el acto de apertura se ha instalado y, lógicamente, se ha suspendido para el 28 de mayo, dado que no se han presentado cinco coimputados, incluidos los exministros Murillo, López y Lizárraga, entre otros. Son cinco los rebeldes y se ha emitido la orden de aprehensión y se les ha nombrado abogados de oficio, claro está, para los cinco», añadió Rojas.
La declaratoria de rebeldía implica que la justicia otorgará a estas exautoridades abogados de defensa pública para que asuman su defensa en ausencia, ya que se trata de un caso de corrupción.
Según la investigación, el hecho ocurrió el 15 de noviembre de 2019, cuando supuestamente se llevó a cabo una reunión entre los exministros de Gobierno, Defensa y Comunicación, junto con el excomandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, el excomandante general de la Policía y otras exautoridades, quienes decidieron solicitar a Ecuador el préstamo de materiales antidisturbios para enfrentar la crisis social en el país.
De acuerdo con testimonios del caso, la solicitud la realizaron los exministros de Defensa y de Gobierno por iniciativa de la exministra de Comunicación, quien habría coordinado el préstamo de agentes antidisturbios con el vecino país.
