La minería «ilegal» y el contrabando succionan al Estado con el combustible subvencionado

Las entidades estatales que hacen los controles y a los que consultó este medio aseguraron que no cuentan con los datos ni aproximados de cuánto representa esta subvención que beneficia no solo a los bolivianos, sino también a las actividades ilícitas.

La subvención de combustibles que es desviada a la minería “ilegal” y al contrabando sumaron cerca de 2.700 millones de dólares el año pasado, según fuentes que consultó este medio. Por un lado, la minería “ilegal” fue beneficiada con la subvención de al menos $us 500 millones; y, por otro lado, el valor de la venta ilegal de combustible en las fronteras habría sumado cerca de los $us 2.200 millones

Todo este dinero para la importación de combustible y que es subvencionado para los bolivianos representa un gasto sin retorno para el Estado. El costo de un litro de gasolina en los surtidores es Bs 3,74, pero su costo real y si no estuviera subvencionado llegaría hasta Bs 8 o Bs 9. Un litro de diésel es comercializado a Bs 3,72, y se lo vende de forma ilegal hasta incluso Bs 10 o un poco más.

La ANF buscó información para conocer cuánto representa esta subvención que también beneficia al narcotráfico y a los vehículos indocumentados; sin embargo, las entidades estatales que hacen los controles aseguraron que no tienen el dato porque son actividades ilícitas.

Este medio recurrió a consultar el tema a analistas, expertos y exautoridades para que realicen una aproximación a esta crítica situación de la subvención que también beneficia a actividades ilegales o ilícitas.

Para Francesco Zaratti, analista y experto en hidrocarburos y energía, el hecho de que los precios de los combustibles estén congelados tiene sus efectos, como beneficiar a estas actividades ilícitas. “El primer efecto es que aumenta el contrabando, la gasolina, el GLP y diésel, es más barato en Bolivia”.

El Estado subvenciona los combustibles desde 2004. Para el 2022, el Gobierno pidió en el Presupuesto General de la Nación Bs 4.794 millones para subvención de los hidrocarburos, sin embargo, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó que la subvención alcanzó los $us 1.700 millones.

“Estamos por los 1.700 millones de dólares de subvención (…). La subvención que tenemos se da para poder mantener la estabilidad económica en el país”, señaló el vicepresidente de Administración, Contratos y Fiscalización de la petrolera estatal, Enzo Michel.

Para este 2023, la subvención a los hidrocarburos se proyecta en Bs 7.642 millones ($us 1.114 millones) desglosados en: Bs 4.705 millones para el diésel; Bs 2.637 millones para la gasolina; Bs 106 millones para el gas licuado de petróleo (GLP); Bs 37 millones para el gas oil; y Bs 157 millones para el incentivo a la producción del petróleo.

Contrabando en las fronteras del país

El 15 de marzo, la exministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural Teresa Morales denunció una pérdida para el país de 1.666.463.186 dólares por la importación “innecesaria” de 1.155.750.186 de litros de gasolina y diésel que hizo Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en 2022, lo que representa un 300% más en comparación con 2021.

En caso de que el diésel y la gasolina comprada en demasía hayan salido del país en beneficio del contrabando, entonces cada día sale por las fronteras al menos 106 cisternas que cargan cerca de 30.000 litros de combustibles, los cuales son vendidos a mayor precio. El movimiento en beneficio de esta actividad ilegal alcanzaría a los 2.200 millones de dólares, dijo Morales.

“Y está saliendo con la subvención con la plata de todos los bolivianos. Esto es un escándalo. Nos deben una explicación. Esto no puede seguir así, las MAE de YPFB y el Ministerio de Hidrocarburos deben explicarnos”, dijo la exautoridad en esa oportunidad.

En febrero de 2023, el presidente de YPFB, Armin Dorgathen, argumentó que el aumento de presupuesto para la subvención de los hidrocarburos se debe a un incremento en el consumo interno de los combustibles que vuelven a salir por la vía del contrabando.

“Lo que hubo es que estamos trabajando porque estamos viendo cuáles han sido las cifras de subvención. (…) Hubo una guerra entre Rusia y Ucrania y llevaron los precios del petróleo otra vez a niveles que no se habían visto hace muchísimos años. Que pasa, los combustibles van a subir de precio, evidentemente a nivel internacional. En Bolivia, como tenemos un precio fijo de los combustibles, ¿qué ocurre? Al tener precios mayores en Chile, Brasil (y demás países), hemos subido casi un 15 o 20% el consumo en el país a partir de la guerra de Ucrania. ¿A dónde se va este combustible? Evidentemente al contrabando, no hay otro lugar al que pueda ir”, explicó el presidente de YPFB esta mañana en Unitel.

Diésel para extraer oro

La subvención de combustibles, en este caso del diésel, también beneficia a la minería “ilegal”. De acuerdo con el analista en minería, Héctor Córdova, esta subvención representó al menos 500 millones de dólares en 2022.

El cálculo lo hizo en relación a un análisis que realizaron entre las exportaciones de oro metálico -que en 2022 fueron de cerca de 64 toneladas- en relación a la cantidad de diésel que requieren para el uso de maquinaria y que se compra a Bs 3,80 el litro, siendo que si no existiera subvención el precio real sería tres o cuatro veces más.

“De las actividades mineras auríferas sí podemos hacer una estimación. El diésel lo compran al precio que establece el Estado y el Estado compra a precios más altos. La subvención está alrededor de los 500 millones de dólares”, señaló a ANF el experto.

La palabra “ilegal” se lo escribió entre comillas porque si bien las cooperativas que explotan el oro fueron legalmente establecidas, su actividad se vuelve ilegal en el sentido que incumplen varias leyes del país.

Por ejemplo, no cuentan con licencia ambiental, por lo que sus operaciones son indebidas. Las cooperativas contratan personal externo pese a que no es permitido, también fueron beneficiadas porque no pagan el Impuesto a las Utilidades (IUE) como lo hace cualquier otra persona o empresa y que llega al 25% de las ganancias. Asimismo, solo cancelan una regalía de cerca el 2,5%, cuando debería ser del 7%, y hasta ya han ingresado al Parque Nacional Madidi para continuar explotando oro, pese a que es una reserva natural.

Córdova aclaró que no todas las cooperativas presentan actividades ilegales, incluso, hay empresas, como San Cristóbal, que compran diésel al precio internacional con el objetivo de no depender del Estado y obtener mejor calidad.

“Esos 500 millones de dólares realmente significa un gasto real para el Estado porque no hay recuperación. Con esa cantidad se podría hacer muchas obras en el país de carácter productivo y generadoras de empleo”.

En La Paz existen cerca de 200 cooperativas que sí cuentan con licencia ambiental- prosiguió- en comparación con otras 1.500 cooperativas auríferas que no, esta primera cantidad representan no más del 5% del total.

Las cooperativas que explotan este mineral se ubican en un 80% en La Paz, así como en Beni, Pando y Santa Cruz. Algunas de las localidades claves son: Suches, Arcopongo, Teoponte, entre otros. “Del total de la exportación de oro, el 72% ha sido extraído en La Paz”.

“La situación es delicada, sobre todo cuando vemos la proporción de lo que se queda en bolsillos de particulares y lo que queda para las arcas del Estado. Me hace pensar que el Gobierno ha perdido el control respecto a la explotación aurífera y las cooperativas se han convertido en un organismo potenciado que tienen poder político, económico y social”.

El narcotráfico también se aprovecha de esta subvención

No se tienen los datos precisos, solo estimaciones, pero para el coronel pasivo Jorge Santiestevan, al narcotráfico también va el combustible subvencionado, principalmente la gasolina para la producción de droga.

“Para producir un kilo de droga tendría que producirse con dos taques de coca, pero también tiene otros elementos químicos para disolver el producto, entre ellos está el combustible”, dijo.

Existen dos tipos de combustibles que actualmente se distribuyen a las avionetas, uno es el común, es decir el subvencionado; y otro es la gasolina exclusiva para la aviación y que no tiene subvención. En todo caso, ambos sirven para el vuelo de aeronaves, así como para la elaboración de los estupefacientes.

El problema se presenta cuando al no existir un cupo determinado para la carga de combustible en cada avioneta, y sin que haya control, una aeronave común va a cargar 90 galones, 45 galones van en un ala y 45 en otra.

Generalmente estas avionetas tienen vuelos regulares de al menos 30 minutos, es decir que solo gastan como 25 galones el resto se quedaría para los narcotraficantes, los cuales los compran a cerca de Bs 20 el litro o más si tienen desesperación por llevar su mercancía.

Santiestevan dijo que todos los días hay vuelos y hay remanentes por lo que se van acumulando galones de 100 a 200 litros diarios que van en beneficio de los traficantes de estupefacientes.

“Todo ese rubro va a enriquecerse, a fortalecer la actividad del narcotráfico, se desconoce a ciencia cierta cuánto de combustible del parque automotor como de la aviación va directamente al narcotráfico”, dijo.

El coronel también denunció que existe un surtidor en Santa Cruz, otro en Cochabamba, otro en La Paz y otro en Beni que abastecen a todas las avionetas y que no existe control cuando deberían hacerse inspecciones sorpresa.

Este medio intentó obtener información del Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas para tener una información más precisa, pero derivaron las respuestas a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), instancia que también informó que los datos deben pedirse a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

De la misma manera se envió una carta a YPFB y al Ministerio de Hidrocarburos y Energías, tampoco se tuvo respuesta.