Rek denuncia estado de indefensión y persecución contra los guardaparques en Bolivia
“…Alertamos a su autoridad sobre los actos que atentan contra el medio ambiente, las Áreas Protegidas y/o Reservas Forestales del país, y los derechos de quienes de forma desinteresada se han convertido en guardianes de la biodiversidad y los derechos de la madre tierra como son los guardaparques, como el caso de los Sres. Marcos Uzquiano y Raúl Santa Cruz que actualmente enfrentan un proceso judicial, que carece de sustento legal”, señala una carta de denuncia internacional remitido por la senadora Centa Rek por el estado de indefensión y persecución de la que son objeto dos guardaparques del Madidi por proteger áreas protegidas.
La persecución contra los dos guardaparques surge luego que impidieron y denunciaron sobre la incursión ilegal con maquinaria pesada de una empresa minera cooperativista en el área protegida del Madidi, con el fin de llevar a cabo actividades de explotación de oro. En un acto de valentía y responsabilidad con la preservación del ecosistema, los guardaparques intentaron detener estas actividades ilegales.
En sus redes sociales, la legisladora, secretaria del Comité de Tierra y Territorio , Recursos Naturales y Medio Ambiente, reclama el hecho de que el proceso contra estos dos guardaparques, perseguidos penalmente por las cooperativas mineras con argumentos ridículos, se desarrolle en la población de Apolo, norte del departamento de La Paz, donde se conoce que existe una gran influencia de estos grupos de poder, que hace poco lograron la destitución de una subgobernadora precisamente por cuestionar el trabajo ilegal y sin aportes tributarios al Estado.
El pasado 30 de marzo de 2023, el guardaparque Raúl Santa Cruz cumplía su trabajo en el puesto de control denominado Santa Cruz del Valle Ameno en el municipio de Apolo del departamento de La Paz, uno de los principales ingresos al Área Protegida del Madidi. En el lugar, los guardaparques evidenciaron que una caravana de movilidades y maquinaria pesada (cinco retroexcavadoras, diez volquetas y tres cisternas de combustible), pretendía ingresar al área protegida con destino a la comunidad Virgen de Rosario, previsiblemente, para realizar actividades de explotación minera ilegal en las riberas del río Tuichi.
La carta de denuncia ha sido enviada a Margarette May Macaulay, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y a Javier Palummo Lantes, Relator Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH.
“Como Asambleístas Nacionales hemos gestionado diferentes instrumentos de fiscalización y de gestión a fin de que el gobierno del Movimiento al Socialismo asuma su rol, brindado una protección inmediata y efectiva de las áreas protegidas en calidad de patrimonio de todos los bolivianos y patrimonio de la humanidad. Al efecto se ha solicitado la intervención de la Policía y las Fuerzas Armadas en áreas que son protegidas y están siendo invadidas por asentamientos y actividades ilegales, recibiendo evasivas y negativas por parte del Órgano Ejecutivo, que se está convirtiendo en un cómplice pasivo y silencioso de los asentamientos extractivos en Áreas Protegidas por su inacción en cuanto a los mismos y, por el contrario, amedrentando y dejando sin guardaparques y sin resguardo a estas áreas protegidas”, añade la carta de Rek.
“Los dos guardaparques, Uzquiano y Santa Cruz, lejos de recibir el reconocimiento y apoyo del Estado por su acción en defensa del medio ambiente, la defensa de su institución de la cual dependen, el SERNAP; al contrario fueron demandados penalmente y ahora son perseguidos por la empresa minera cooperativista, a la cual no le interesa depredar un parque nacional con argumentos totalmente injustos y ridículos. Eso no es posible”, señaló Rek sobre lo que ocurre.
La presión minera hacia los parques se remonta al 2013, cuando se volvió a zonificar el Parque Nacional Madidi. En efecto, los mineros no deberían tener esa posibilidad de operar, de obtener una licencia o un permiso, pero se dieron “modos” para obtener aquello; Marcos Uzquiano lleva 22 años en la conservación de las áreas protegidas, fue destituido como jefe de los guardaparques del Parque Nacional Madidi y enfrenta un proceso legal que le inició la minería aurífera por considerarlo “opositor” a la extracción del oro. El sector cooperativista aurífero en Bolivia goza de privilegios, impunidad y protección del Gobierno.
Para finalizar, la legisladora pide a los organismos internacionales defensores de los derechos humanos y firmantes del Acuerdo de Escazú, del cual Bolivia es parte, “que en el marco de su mandato y atribuciones, realicen un llamado al gobierno boliviano dirigido a asumir acciones apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones que sufran los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, como es el caso de Marcos Uzquiano y Raúl Santa Cruz, que enfrentan un proceso judicial que carece de sustento legal por haber cumplido con su labor de protección del medio ambiente”, concluye la carta de la senadora Rek.
