Creemos pide a la OEA que una comisión venga a Bolivia para verificar abusos y violaciones a derechos de Camacho

Los parlamentarios de la alianza política Creemos denunciaron ante la Organización de Estados Americanos (OEA) que por tercera vez consecutiva autoridades del Órgano Ejecutivo de Bolivia, sobrepasando sus atribuciones y desobedeciendo órdenes judiciales, se oponen al traslado del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, para que pueda defenderse de un juicio en su contra, por lo que solicitan que una comisión especial de esta organización pueda visitar el país para verificar todos los extremos evidenciados.
En una carta enviada al secretario general de la OEA, Luis Almagro, los legisladores de Creemos no sólo denuncian el sometimiento de la Justicia en Bolivia, también la inoperancia, inobservancia y omisiones de ciertos organismos internacionales, como la CIDH, “por lo que solicitamos que, en el marco de sus atribuciones y competencias, se conforme una comisión especial que pueda apersonarse a Bolivia para que pueda realizar una revisión exhaustiva del proceso del gobernador Luis Fernando Camacho y el cumplimiento de su traslado a la ciudad de Santa Cruz para asistir al juicio por el caso “decretazo”, diferido para el 27 de mayo de 2024 en el Tribunal Octavo de Sentencia de la ciudad de Santa Cruz y pronunciarse sobre la vulneración a sus derechos y garantías constitucionales, así como la vulneración a preceptos de carácter internacional”.
En las últimas horas, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, negó por tercera vez consecutiva el traslado del gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho de la cárcel de Chonchocoro a Santa Cruz, asegurando que no existen las condiciones materiales. En anteriores oportunidades del Castillo aseguró que el traslado de Camacho de la Paz a Santa Cruz podría generar una convulsión social en la capital oriental.
Al respecto, los parlamentarios de Creemos consideraron que los argumentos del gobierno en relación a esta flagrante vulneración al debido proceso del gobernador Camacho devela dos elementos que denunciaron constantemente: “por un lado se trata de un proceso político sin fundamento por lo que es considerado un trofeo del régimen masista, razón por la cual se lo tiene ilegalmente detenido en la ciudad de La Paz vulnerado su derecho a un juez natural y, por otro lado, demuestra el poder absoluto del gobierno de Luis Arce sobre el Órgano Judicial toda vez que sin temor alguno a consecuencias jurídicas, deciden unilateralmente no cumplir con determinaciones judiciales”.

“En una misiva anterior hicimos mención a que han trascurrido más de 14 meses desde el secuestro político y posterior detención ilegal y arbitraria del Gobernador del departamento de Santa Cruz quien bajo la actitud de dilaciones y de silencio cómplice de organismos internacionales, continúa siendo víctima de violaciones graves a sus derechos. De la misma forma reiteramos que los recursos internos bolivianos son ineficaces para proteger sus derechos ante la absoluta dependencia de los funcionarios judiciales al poder político. Los procedimientos en el ámbito internacional, como el pedido de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tampoco han resultado lo efectivos que deberían ser omitiendo su delicado estado de salud y todas las sistemáticas violaciones perpetradas contra su persona”, detalla la carta firmada por los senadores y diputados de Creemos.
A pesar de las circunstancias, la senadora Centa Rek reiteró que Creemos insistirá en denunciar internacionalmente los abusos y torturas que sufre el secuestrado gobernador Camacho y lograr que sea trasladado desde La Paz a la capital cruceña, para que asista presencialmente a la audiencia por el caso decretazo y en cumplimiento de una orden judicial, que es lo que corresponde.
Si bien muchos de estos organismos internacionales hicieron caso omiso de los pedidos de medidas cautelares a favor de Camacho, como la CIDH, que no tomó en cuenta que el gobernador de Santa Cruz fue secuestrado, su estado de salud es delicado, además de todas las sistemáticas violaciones perpetradas contra su persona, la legisladora reiteró que las denuncias internacionales van a continuar para dejar una constancia que demuestre que incluso estas instituciones han sido tomadas políticamente omitiendo su mandato, que es “promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y servir como órgano consultivo de la Organización en dicha materia”.
“Continuaremos denunciando incansablemente la violación de los derechos del gobernador Luis Fernando Camacho, insistiremos en los recursos internacionales que, aunque poco efectivos, constituyen la única salida para que a nivel internacional respondan los autores de estos ilícitos. Asimismo, esperamos que este Órgano pueda contribuir en evitar mayores violaciones de derechos en perjuicio de ciudadanos bolivianos”, reiteró Rek.
Para finalizar, la carta de los legisladores de Creemos insiste que “frente a las evidentes vulneraciones a los derechos del gobernador Luis Fernando Camacho solicitamos que, en el marco de sus atribuciones y competencias, se conforme una comisión especial que pueda apersonarse a Bolivia para que pueda realizar una revisión exhaustiva del proceso del gobernador Luis Fernando Camacho y el cumplimiento de su traslado a la ciudad de Santa Cruz para asistir al juicio por el caso “decretazo”, diferido para el 27 de mayo de 2024 en el Tribunal Octavo de Sentencia de la ciudad de Santa Cruz y pronunciarse sobre la vulneración a sus derechos y garantías constitucionales, así como la vulneración a preceptos de carácter internacional.