Una familia desmembrada. Secuelas de torturas, sufrimiento y prácticamente en la soledad, así vive el alemán Dirk Scmidt, ex colaborador de Inteligencia del gobierno de Evo Morales que sigue pasando por un vía crucis judicial y hasta el momento todo apunta a que él fue un ‘perseguido’ de la gestión del MAS y que jamás se le pudo comprobar delito alguno de alzamiento armado u otros. Ahora, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) indica que el afectado debería tener un resarcimiento por los daños ocasionados por un monto que asciende a los $us 300 millones.
En una entrevista con el diario especializado en Finanzas www.newstime.bo Schimdt reveló que el caso está en su fase final y que tiene la esperanza de que el Gobierno boliviano llegue a pagar los daños. El 2010 el Ministerio de Gobierno, a cargo de Sacha Llorenti, abrió tres procesos “sin pruebas” contra quien calificó como un peligro para la seguridad estatal. Recientemente, un funcionario de la Procuraduría dijo extraoficialmente de podría resarcir con $us 50.000.
Según documentos a los que tuvo acceso News Time y de acuerdo a la relación de los hechos que hizo conocer Schmidt en líneas precedentes, fue víctima, por un lapso de tiempo de casi once años, de acusaciones falsas, calumnias e injurias, detención indebida, múltiples violaciones de Derechos Humanos, tortura y otros delitos comunes y crímenes de lesa humanidad, cometidos por funcionarios públicos del Estado Plurinacional de Bolivia, incluso del ex presidente Juan Evo Morales Ayma en persona.
«Mi honra y mi buena imagen fueron destruidos a nivel nacional e internacional. Estas violaciones de los derechos humanos, tortura, agresiones y vejámenes de magnitud, el desconocimiento de la dignidad humana, han generado una alteración patológica del aparato psíquico como consecuencia de un trauma que desborda toda posibilidad de elaboración verbal o simbólica, es decir, que los hechos fueron tan graves que no existen palabras ni símbolos para poder describirlos. Las violaciones sufridas por la víctima, ínter alía la negación sistemática del acceso a la atención médica adecuada, la detención indebida en una cárcel con condiciones infrahumanas y aterradoras, estar mezclado en un mismo ambiente con criminales de altísima peligrosidad con sentencias condenatorias, alimentación inapropiada, privación de sueño y otros factores que violan las normas internacionales y los Derechos Humanos, imputables al Estado Plurinacional de Bolivia causaron, y siguen causando, dolor profundo e incesante a nivel psicológico en mi persona como en mi familia (víctimas), con las consecuencias y efectos psicosomáticos nocivos para la salud física, en especial la degeneración de mi salud cardiaca, salud psíquica y el estado de salud en general en el futuro. Las violaciones y la humillación sufrida no solo me afectaron en forma directa, sino también -reitero- a mis familiares más allegados (esposa y cuatro hijos), quienes experimentaron un profundo sufrimiento, angustia, terror, impotencia e inseguridad, lo que generó traumas psicológicos y otros daños irreparables en las víctimas. El sufrimiento ocasionado a las víctimas se ha extendido en forma particular a aquellos que estuvieron en contacto afectivo estrecho con mi persona. La denegación de justicia prolongada en perjuicio de la familia, quienes sufrieron la grave violación afectando la integridad psíquica y moral, por lo que sufrieron daños inmateriales que se evidencian con frustraciones y otros daños psicológicos y emocionales producto de la falta de justicia e impunidad persistente en el caso», indica parte del documento.
Consiguientemente, respecto al daño infligido por el Estado Plurinacional de Bolivia, corresponde la reparación mediante atención médica, psicológica en mi país de origen (Alemania) u otro país de confianza (ver jurisprudencia de la Corte IDH), lo que generará gastos, con el correspondiente deber del Estado, de restitución/reparación:
Se debe considerar que la atención de la salud psicológica y emocional directa en el futuro requerirá, de acuerdo a la expectativa de vida probable de la víctima, que, en el presente, en el caso mío (Dirk Schmidt) es de 78.6 años (según la oficina federal de estadísticas de Alemania); contando a la fecha con 59 años, se debe añadir 19 años restantes, por consiguiente el monto de reparación alcanza a la suma de US$ 22.800,000 (Veintidós Millones Ochocientos Mil 00/100 Dólares Americanos, basado en gastos mensuales de US$ 100,000.00, monto que incluye el traslado en un avión ambulancia [no puedo viajar en un avión comercial porque la presión atmosferica dentro de la cabina durante el viaje excede la altura máxima permitida para mi estado de salud {3300m / 2000m}, y sufro de la patología de claustrofobia como consecuencia de un trauma psicológico por haber estado encerrado en una celda y en la cárcel, así que solo puedo viajar sedado por medicamentos y, consecuentemente, bajo supervisión médica, acompañado por un cardiólogo y un anestesiólogo] a un país con la terapia avanzada necesaria y de mi confianza, una vez al mes, los gastos para la atención médica psicológica, psiquiatrica / mental correspondiente y los gastos para la estadía como hotel, etc.). (ATENCIÓN MÉDICA DEL DAÑO PSICOLÓGICO / MENTAL). señala el alemán.
La atención médica para mi esposa, que al presente cuenta con 52 años, tiene una expectativa de vida probable de 83.4 años, por lo que faltaría 31 años por vivir, requiriendo un monto de reparación de US$ 9.300,000 (Nueve Millones Trescientos Mil 00/100 Dólares Americanos, basado en gastos mensuales de US$ 25,000.00, incluyendo gastos médicos, gastos de viaje en avión comercial, y estadía [hotel, alimentación, etc.] en un país que ofrece atención médica de su confianza), agrega la nota.
También refiere que para su hija Dareen, quien tiene una expectativa de vida de 63 años restantes, US$ 18.900,000. (Dieciocho Millones Novecientos Mil 00/100 Dólares Americanos, basado en gastos mensuales de US$ 25,000.00, incluyendo gastos médicos, gastos de viaje en avión comercial, y estadía [hotel, alimentación, etc.] en un país que ofrece atención médica de su confianza).
«Para mi hijo Dirk, quien tiene una expectativa de vida de 54 años restantes, US$ 16.200,000. (Dieciséis Millones Doscientos Mil 00/100 Dólares Americanos, basado en gastos mensuales de US$ 25,000.00, incluyendo gastos médicos, gastos de viaje en avión comercial, y estadía [hotel, alimentación etc.] en un país que ofrece atención médica de su confianza)», señala.
Para su hija Shary, faltándole una expectativa de vida de 57 años, US$ 17.100,000 (Diecisiete Millones Cien Mil 00/100 Dólares Americanos, basado en gastos mensuales de US$ 25,000.00, incluyendo gastos médicos, gastos de viaje en avión comercial, y estadía [hotel, alimentación, etc.] en un país que ofrece atención médica de su confianza).
Para su hija Nicole, quien tiene una expectativa de vida de 53 años restantes, US$ 15,900,000 (Quince Millones Novecientos Mil 00/100 Dólares Americanos, basado en gastos mensuales de US$ 25,000.00, incluyendo gastos médicos, gastos de viaje en avión comercial, y estadía [hotel, alimentación, etc.] en un país que ofrece atención médica de su confianza).
«Dado que una restitutio in integrum de la salud de las víctimas no es posible, por los traumas y daños irreparables generados y ocasionados, los cuales son irreversibles, hemos sufrido un cambio sustancial en las condiciones y calidad de vida, los cuales se derivaron como consecuencia directa de hechos imputables al Estado Plurinacional de Bolivia, consecuentemente, corresponde el pago de una indemnización compensatoria adicional de US$ 25,000,000 (Veinticinco Millones 00/100 Dólares Americanos), para la víctima directa que es mi persona y un monto compensatorio de US$ 5,000,000 (Cinco Millones 00/100 Dólares Americanos), para cada una de mis familiares directas en atención al sufrimiento causado por el Estado Plurinacional de Bolivia en el pasado y en el futuro», dice el documento.
Según la respuesta de la PGE, Bolivia no es un Estado soberano, no tiene la independencia para cumplir con sus propias normas legales (Art. 95, Código Penal, Art. 113, Constitución Política del Estado) sin la intervención / aprobación de organismos extranjeros, en éste caso CIDH / OEA / WASHINGTON D.C., y los funcionarios públicos que tomaron conocimiento de una situación antijurídica (Violaciones de Derechos Humanos y Tortura), y no actuaron para remediar estas violaciones, adquieren responsibilidad penal (Incumplimiento de deberes, complicidad en crímenes de lesa humanidad).
La madrugada del 8 de julio de 2010, grupos especiales de la Policía irrumpieron en su propiedad en la zona de Turumatú, a 300 kilómetros de Santa Cruz, y lo apresaron frente a su esposa y sus cuatro hijos.
Hace un par de días, Schmidt testimonió al diario Página Siete que a los pocos días de ser enviado a la cárcel de Palmasola, Llorenti y los funcionarios que lo acusaron sospecharon que no podrían sostener el caso de supuesto alzamiento armado y optaron por abrir un segundo proceso, en relación con una supuesta extorsión a la comunidad menonita. El caso tuvo como base su supuesto nombramiento ilegal como “asistente personal” del entonces viceministro de Gobierno, Gustavo Torrico.
Los enrevesados y largos procesos judiciales terminaron con resoluciones de sobreseimiento, en el primer caso y una sentencia de absolución en el segundo, en el que también Torrico estuvo acusado. Sin embargo, el fallo aún no fue ejecutoriado en favor del alemán debido a la retardación de justicia atribuida al juez Sixto Fernández, quien falleció hace unos meses.
El piloto Schmidt llegó a Bolivia hace más de 30 años, encomendado por su gobierno para la desarticulación de grupos delictivos de ciudadanos alemanes dedicados, entre otros delitos, al tráfico de armas. Después se acercó al MAS.
Los memorandos VMRIP – GTL – 001 /2010 del 28 de mayo del 2010 y DGRI-N° 14-14/09 del 12 de noviembre del 2009 confirman que Shmidt trabajó como asesor de seguridad e inteligencia para el Gobierno. “Me enteré que él era informante y me ha seguido informando”, declaró en 2010 Torrico, quien entonces calificó de injustificados los procesos abiertos por Llorenti contra su asistente.
Once años después -dos de los cuales estuvo detenido en Palmasola y el resto en su propio domicilio, impedido de trabajar- Schmidt ahora busca la reparación integral de los daños materiales e inmateriales causados a su “proyecto de vida” y a su familia. Con ese fin, presentó ante la Procuraduría una propuesta para su resarcimiento con un monto estimado, calculado con base en normas nacionales e internacionales de protección a los derechos humanos.
Schmidt cuenta que necesita una operación de corazón, pero no puede viajar a Estados Unidos, donde hay especialistas para su patología. Se lo impiden la falta de recursos económicos y el temor de no volver y dejar a su familia sumida en una millonaria deuda, producto de la década de “persecución judicial” del gobierno del MAS en su contra.
Por ello, asegura, ha decidido comenzar un proceso de petición de reparación de daños a través del Consejo Estatal de Soluciones Amistosas en materia de Derechos Humanos (Cesadh), creado en 2015 y dependiente de la Procuraduría.
“No sólo es un derecho de la víctima exigir la reparación integral, sino al mismo tiempo es el deber y una obligación del Estado reparar estos daños”, afirma.
“El momento en que más víctimas vean que existe esta posibilidad de reparación -añade Schmidt- los ciudadanos podrán activar sus casos contra el Estado. Además, los funcionarios públicos involucrados y que no actúen con prontitud pueden incurrir en incumplimiento de deberes y ser señalados como cómplices y encubridores de delitos de lesa humanidad y con ello asumir responsabilidad penal”.
En lo material, para su defensa el alemán tuvo que contratar abogados nacionales e internacionales, dada la gravedad del cargo de alzamiento armado en su contra. Asegura que pagó al menos cinco millones de dólares desde 2010.
También se hizo un cálculo sobre el lucro cesante, figura que se refiere la pérdida económica que una persona sufre al no poder generar sus propios ingresos. Durante su encarcelamiento -asegura el alemán- tuvo que desistir de un proyecto de urbanización que fácilmente pudo generar 10 millones de dólares.
Schmidt quiere sentar jurisprudencia para la reparación de daños personales en Bolivia, perpetrados por funcionarios del Gobierno. En caso de no ser atendido por la Procuraduría, el ex piloto civil y experto en armas apunta a acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) y tribunales penales internacionales como la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya.
Comprende que las opiniones de la Corte IDH no tienen poder coercitivo; pero considera que abren las puertas de los bloques de Estados Unidos y la Unión Europea para lograr la reparación de daños por la violación a los derechos humanos y daños civiles.
En una entrevista informal, un funcionario de la Procuraduría deslizó un comentario que pese a su calidad de “extraoficial” preocupa a su familia: “sólo 50.000 dólares” sería el monto que el actual Gobierno pagaría por la década de persecución judicial del MAS, partido al que el alemán llegó mediante su esposa, Karina Flores.
Dada su buena reputación, por las obras sociales que realizaba en su comunidad, en 2004, Flores fue invitada por los dirigentes del MAS a ser candidata a concejala por la Alcaldía de Porongo.
Como parte del círculo de confianza de dirigentes de ese partido, Flores invitó a su esposo a ser parte del “Instrumento Político” y así se inició la relación del alemán con el Gobierno que lo llevó a la cárcel.
Los archivos de prensa, tanto escrita como televisiva, dan fe de la lucha de toda la familia de Schmidt, en especial la de su esposa, Karina Flores, quien en 2010 se enfrentó a las amenazas de Llorenti y lo desmintió varias veces con la exhibición de documentos del Ministerio de Gobierno. El exministro y actual secretario ejecutivo del ALBA-TCP se negó a referirse al caso cuando fue consultado por este medio.
Dirk Schmidt, afirma que su detención y tortura obedecen al costo que pagó por evitar una extorsión de 50 millones de dólares contra la comunidad menonita en 2010. Con el respaldo de los expedientes de los casos cerrados por falta de pruebas, apunta a las autoridades de ese entonces en el Ministerio de Gobierno.
“Son 11 años. Mi persecución y tortura sistemática por parte del Estado comenzó el 8 de julio de 2010, con una acusación de alzamiento armado, que a lo largo de los años probé que era falsa. Todo, a raíz de que los funcionarios del entonces gobierno de Evo Morales estaban planificando una extorsión a la comunidad menonita en Bolivia, que alcanzaba a unos 50 millones de dólares», indica.
El ciudadano alemán, retenido en su domicilio desde 2012, respalda sus afirmaciones rodeado de los expedientes de los varios procesos que se abrieron en su contra. Mientras hace su relato extrae de las carpetas los informes del mismo Gobierno, las declaraciones de los funcionarios acusadores, que al pasar el tiempo admitieron que montaron pruebas o que recibían presiones por parte de Sacha Llorenti para acciones ilegales en su perjuicio.
En 2013, el encargado de hacer cumplir su encarcelamiento en Palmasola (de 2010 a 2012), el exdirector nacional de Régimen Penitenciario Wilson Soria, reveló ante los medios que fue víctima de una “intensa presión y persecución” del entonces ministro Llorenti. Su error fue haberse negado al traslado de Schmidt al penal de Chonchocoro de La Paz.
“Wilson Soria me salvó la vida”, asegura el ciudadano alemán, pues en ese entonces temía morir por un atentado de los reclusos o por una patología cardiaca, que aún le afecta, que podía complicarse en la altitud de La Paz. Una foto que perdura es del momento en que su carcelero y Schmidt se dan la mano en 2013.
Los antecedentes del denominado “caso menonitas” señalan que como “asesor de seguridad”, en julio de 2010, Schmidt comunicó al entonces viceministro de Régimen Interior, Gustavo Torrico, que varios tramitadores de las comunidades de menonitas “apilaban carpetas de 10 en 10” y exigían montos de entre 1.000 y 6.000 dólares. Se trataba de una supuesta renovación colectiva de documentos de identidad de unos 50.000 extranjeros.
Torrico atendió el llamado de Schmidt y le informó que, al contrario, existía una resolución ministerial por la que los menonitas ya no tendrían que hacer constantes renovaciones. Con esos datos y el documento en mano, el alemán organizó una socialización que se realizó el 6 de julio de 2010 en el mismo Ministerio de Gobierno.
El ciudadano alemán sostiene que los funcionarios allegados a Llorenti escondieron la resolución “093/2010 del 10 de junio de 2010” con el fin de extorsionar a los menonitas y que su intervención arruinó sus planes. Las declaraciones de los imputados implican al exministro, pero éste nunca compareció ante la justicia, tampoco atendió las consultas de este medio sobre el tema.
Por medio de sus apoderados, Llorenti firmó varias denuncias contra el asistente personal de Torrico. Primero en relación con un alzamiento armado -desestimado en 2012 por falta de pruebas-; después por la falsificación de sellos en su pasaporte y por un supuesto nombramiento ilegal a raíz de la acreditación que le había otorgado Torrico.
Los documentos que presenta revelan que Dirk Schmidt nunca fue funcionario ni recibió dinero del ministerio, pero sí contaba con la acreditación que le permitió ser mediador en conflictos sociales. Entre las varias negociaciones que realizó en ese papel -relata Schmidt- impidió la toma del Comando de la Policía en Santa Cruz, en 2008, cuando se desarrollaba la protesta de las personas con discapacidad.
El juicio por el caso de los menonitas terminó con una sentencia absolutoria para Torrico. Pero el fallo aún no es ejecutoriado en favor de Schmidt, debido a que él fue procesado por separado y continúa pendiente en Santa Cruz.
Pedido de víctimas
- Persecución En agosto de 2020 la Asociación de Víctimas del gobierno del expresidente Evo Morales presentó una denuncia ante Jeanine Añez, sobre las persecuciones judiciales durante el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS). La demanda también señala la actuación del exvicepresidente García Linera.
- Miembros La Asociación de Víctimas Judiciales está conformada por Jacob Ostreicher, acusado por el lavado de activos; Dirk Schmidt, por el caso de extorsión a menonitas; Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza por el caso terrorismo. La conforman también Adolfo Chávez, quien lideró la VIII y IX marchas por la Tierra y Territorio en 2011 y 2012; y Marco Antonio Aramayo por denunciar desfalco en el Fondo Indígena, entre otros.
En agosto de 2010 el entonces presidente Evo Morales reconoció que el traslado del alemán fue una decisión del Gobierno y no de la Justicia.
Finalmente, se pudo conocer que el Gobierno de Arce Catacora está abierto a una solución amistosa, pero los afectados tienen duda de la palabra de las autoridades.
