La nueva relación de Santa Cruz con el Estado prevé «liberar las autonomías secuestradas» y ajustar la CPE
Tras 12 meses de trabajo, el Comité pro Santa Cruz presentó el proyecto: “Santa Cruz y su relación con el Estado” al cumplirse el primer año del cabildo más multitudinario de la historia de Bolivia y la región, proyectando un ajuste constitucional, además de un plan de acción para mantener activo este debate y un catálogo sobre las competencias autonómicas. El presidente del Comité pro Santa Cruz, Fernando Larach, afirmó que la propuesta de liberación del centralismo exige profundizar las autonomías; donde “la estructura existe, solo hay que construir en ella empezando por quitar los escombros».
“No se malinterprete, no estamos planteando una ruptura con el Estado boliviano; queremos liberarnos de las cadenas opresoras del centralismo absorbente, discriminador, antidemocrático y excluyente. Y lo vamos a hacer en dos distintas etapas. En cada una se incluyen gestiones, acciones estratégicas y diferentes actores, herramientas y recursos. Nuestro plan es… liberar las autonomías secuestradas. Esa liberación supone medidas a corto y mediano plazo”, sostuvo Larach.
Propuso una nueva relación con el Estado que supone “construir un camino hacia la libertad, y en ese camino, optamos por la ruta más corta, la menos complicada, la más viable, la que ya tiene cimientos, sobre la que podemos seguir construyendo para transitar hacia proyectos más ambiciosos. Reafirmamos entonces, la autonomía es el camino… no el destino”.
Explicó que el proyecto presentado promueve un nuevo orden jurídico constitucional que plantea adoptar medidas a corto y mediano plazo “”para liberar primero las autonomías y luego profundizarlas, a fin de lograr su plenitud en los ámbitos organizativo institucional, económico-financiero, normativo y territorial administrativo. Asimismo, una descentralización fiscal consolidando el pacto fiscal.
Se proponen, en este plan, acciones de índole jurídico, legal y constitucional para contrarrestar el bloqueo normativo y administrativo del nivel central del Estado que impide el funcionamiento de las autonomías, impulsando propuestas normativas modificatorias, abrogatorias o derogatorias de las leyes nacionales invasivas, así como promover la reforma parcial a la Constitución, activada por un referéndum popular con alcance nacional.
En criterio de Larach, “para expresarlo en modo más sencillo. Hemos realizado un inventario minucioso de todos los candados legislativos que tienen clausuradas las puertas autonómicas. Lo importante de este plan es que hemos encontrado las llaves, los responsables, las acciones y las herramientas para abrir cada uno de esos candados. Puerta por puerta… y todo a su tiempo. Algunas de estas llaves activarán recursos de inconstitucionalidad, propuestas de modificación, eliminación parcial o total de las leyes que nos tienen esclavizados al centralismo”.
Para hacer viable este plan, se identifican las medidas a corto y mediano plazo que viabilicen un cambio sustancial y cualitativo en la relación de Santa Cruz con el Estado, definiendo una «ruta crítica», que indica a los responsables, las acciones concretas a ejecutarse y resultados esperados, sin perjuicio de replicarse este proceso en otros departamentos.
En un primer tramo, la estrategia está referida a la implementación de diez específicas medidas de orden jurídico, administrativo y normativo, sin cambiar la Constitución.
Para la segunda fase se incluyen dos importantes transformaciones que también identifican acciones, responsables y resultados, previa modificación parcial de la Constitución, incrementando de 36 a 57 las competencias exclusivas del gobierno departamental autónomo y aumentar de 43 a 48 las competencias exclusivas del nivel municipal.
Así también, realizar modificaciones concretas en el régimen de competencias concurrentes y compartidas, replanteando quién legisla, quién reglamenta y quién ejecuta.
En esta segunda fase también se incluye un proceso descentralizador de las principales instituciones estatales, así como el procedimiento previo al nombramiento de autoridades administrativas, judiciales y electorales departamentales que les dote de una mayor autonomía técnica, administrativa y legal.
Este proceso descentralizador de la institucionalidad estatal con presencia territorial a nivel departamental se refiere, además, a la provisión de los cargos jerárquicos en el Ministerio Público, Contraloría, Procuraduría, Defensor del Pueblo, Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) Departamental, Gestora Pública, Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Autoridad de la Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo (ASSUS), Autoridad de Pensiones y Seguros (APS).
El 13 de noviembre de 2022, a los pies del atrio papal y en el contexto del paro de los 36 días por el censo, el entonces presidente del ente cívico, Rómulo Calvo, realizó cinco consultas a la población. Una de ellas fue que se revise la relación política de Santa Cruz con el Estado boliviano. La consulta se dio tras violentas jornadas protagonizadas por grupos de choque afines al partido de gobierno que intentaron desactivar la protesta a través de la fuerza.
“¿Están todos de acuerdo en delegar al Comité Pro Santa Cruz la convocatoria a una comisión constitucional que, en el marco legal y democrático, revise la futura relación política de Santa Cruz con el Estado boliviano?”, consultó Calvo, a través de un video que fue reproducido ante la multitud.
Tras el cabildo, el Comité comenzó a trabajar en el proyecto para establecer un modelo de relacionamiento que contemple un cambio cualitativo en la estructura política, que permita a Santa Cruz administrar recursos y ejercer competencias autonómicas.
En el proceso participaron más de 75 especialistas en paneles de debate ciudadano, que tuvieron lugar en todo el departamento. Asistieron más de 1.200 personas, según los registros de los organizadores.
En estos 12 meses, el Comité elaboró el plan siguiendo una metodología y términos de referencia específicos, que sirvieron para que instituciones cruceñas puedan enviar también sus contribuciones sobre cómo debiera relacionarse la región con el Estado en un futuro próximo. Estas propuestas llegaron, incluso, a través de las plataformas digitales.
Según el Comité pro Santa Cruz, la Constitución reconoce a Bolivia como país con autonomías departamentales, pero en los últimos años, las tensiones vinculadas por la asignación de recursos y las disputas de competencias —regionales y nacionales— han derivado en marcados conflictos.
En ese marco, las propuestas se dieron en dos direcciones: Propuestas de Origen (que promuevan frenar la continuidad del problema en función a las causas que lo generan) y Propuestas Derivadas (para erradicar las consecuencias detectadas o disminuir el impacto de negativo que ocasiona el problema de la relación Santa Cruz – Estado central).
En septiembre, el ente cívico presentó un diagnóstico preliminar. Ese análisis señaló que la autonomía “está inconclusa” por la forma en la que el Gobierno central mantiene el control de los recursos económicos de la recaudación tributaria del país. Cerca del 80% de estos fondos son administrados por el Tesoro General del Estado y lo que resta queda para las regiones. El diagnóstico también hizo notar que hubo una “imposición cultural”, con el propósito de anular las expresiones y manifestaciones propias de la región, sobre la base de una estrategia ideológica y no, necesariamente, de integración.
El sistema autonómico boliviano está vigente desde 2009. Antes de la vigencia de la actual Constitución, la región protagonizó varias movilizaciones, por ejemplo, para que las autoridades regionales como el gobernador o prefecto sean elegidas a través del voto popular.
