Fecha límite. Hoy venció el plazo para que el Estado Boliviano remita su informe sobre los avances del cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que obliga una indemnización y severas sanciones contra los responsables de violar los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en el fallido caso Terrorismo.
Desde el expresidente Evo Morales e incluso las actuales autoridades del Gobierno encabezado por Luis Arce Catacora están en el ojo de la tormenta.
El actual Procurador del Estado boliviano y ex Viceministro de Derechos Humanos, César Siles anunció que solicitará una ampliación del plazo para cumplir con las recomendaciones de la Comisión IDH que vence este 26 de abril, con el argumento válido que todas las demandas presentadas ante la CIDH por las diferentes víctimas en el mismo caso, el caso Terrorismo o caso Las Américas, deben convertirse en una sola demanda, porque se trata de los mismos hechos.
Mientras tanto las víctimas quienes están negociando el cumplimiento de las recomendaciones de la CIDH desde el 26 de Julio de 2022, siguen siendo torturadas y sufriendo graves violaciones de Derechos Humanos porque no pueden obtener atención médica adecuada por falta de recursos, y no pueden volver a una vida digna.
El incumplimiento de las normas internas que mandan al Estado a reparar vulneraciones a víctimas inocentes, como el Art. 95 del Código Penal boliviano y el Art. 113 de nuestra Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, y de las normas internacionales que reflejan las recomendaciones de la Comisión IDH, pueden llevar a las víctimas a presentar nuevas demandas contra el actual Gobierno y sus funcionarios por complicidad en crímenes de lesa humanidad y tortura en tribunales internacionales, además de incumplimiento de deberes, omisión de socorro y denegación de auxilio a nivel nacional.
Dentro de las conclusiones y recomendaciones, la CIDH concluye que el Estado boliviano es responsable por la violación de los derechos a la vida.
Caso a la Corte-IDH
La Procuraduría ratificó que el Estado boliviano no está dispuesto a asumir todas las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la primera denuncia de violación de derechos humanos en el fallido caso Terrorismo. Es así que se resigna y se prepara para “definir una estrategia” y enfrentar, por esta asignatura, un primer proceso judicial por este caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte – IDH).Es decir que el caso número 13546 de “Mario Francisco Tadic Astorga y otros”, será enviado a la Corte Interamericana que será la encargada de emitir una sentencia vinculante e inapelable contra Bolivia por el incumplimiento de las normas internacionales y crímenes de lesa humanidad.
Hasta la fecha, el Procurador General del Estado, César Siles, desahució en al menos dos ocasiones el pago de una indemnización económica a la familia de Michael Martin Dwyer, uno de los tres hombres ejecutados extrajudicialmente en el Hotel Las Américas, que está dentro de este primer caso y que ya tiene un informe de fondo de la CIDH.
“Si hasta el 26 de abril no hay un cumplimiento a las recomendaciones al Estado boliviano, el caso se va a ir a la Corte (Interamericana de Derechos Humanos)”, respondió el Procurador César Siles.
Para el Estado boliviano “es inalcanzable” cumplir la recomendación de indemnizar económicamente a la familia de Dwyer con dos millones de dólares, ya que es “muchísima plata para el Estado boliviano”, por lo que la Procuraduría asumirá defensa “con abogados bolivianos de la Procuraduría y no contratando abogados extranjeros”, lo que parece ser un cambio drástico de la política de la Procuraduría y del Estado boliviano quienes pagaron casi mil millones de dólares de indemnizaciones a una docena de empresas extranjeras por la nacionalización.
Empero, algunos de los torturados señalan que también hay otros caminos para efectivizar la indemnización e incluso se anticipa llegar a un Tribunal Internacional de Argentina con demandas por la comisión de crímenes de lesa humanidad.
Precisamente, el pasado viernes, la Cámara Federal porteña (Argentina) ordenó reabrir una investigación por las responsabilidades del gobierno de Nicolás Maduro en crímenes de lesa humanidad y violaciones de derechos humanos ocurridos en Venezuela.
El fallo considera que se tratan de delitos de “extrema gravedad” que obligan a actuar sin “dilación ni demora” para proteger a los “amplios sectores de la población civil” que se verían allí afectados, emitiendo ordenes de citación de declaración para los denunciados y ordenes de captura internacional.
Lo cierto es que el Estado puede ser procesado por la Corte-IDH, por violación a los derechos humanos en el caso terrorismo. Dentro de la jurisprudencia de la Corte IDH existen casos donde un Estado ha sido sentenciado a pagar indemnizaciones de más de veinte millones de dólares.
La cuarta recomendación de la CIDH al Estado en este caso es identificar a los responsables e imponer sanciones por las graves violaciones de derechos humanos, punto que involucra al expresidente Evo Morales ya que él en persona ordenó el operativo de intervención en el hotel Las Américas y que después desembocó en el caso denominado Terrorismo, una causa fallida que nunca se pudo comprobar y los entonces acusados fueron absueltos de toda culpa y pena, siendo personas inocentes.
Según expertos, el juicio puede salpicar a las actuales autoridades de Gobierno por complicidad y por no acatar las recomendaciones formuladas.
Por su lado, el Gobierno anunció que recurrirá a la CIDH para bajar el monto de la indemnización de dos millones de dólares que solicitó la familia del ciudadano irlandés, Michael Dwyer, que murió por impactos de bala en la intervención policial al Hotel Las Américas de Santa Cruz el 16 de abril de 2009.
“Pedimos el acompañamiento (de la Comisión) para posible soluciones y cierre del caso, y que ellos nos hablen de montos adecuados según la jurisprudencia, montos en los que podría el Estado boliviano pensar en indemnizar. La pretensión que ellos pidieron es excesiva y por eso pedimos el asesoramiento de la CIDH. En el caso de que no lleguemos a un grado de cumplimiento razonable ante la Comisión Interamericana; se va a la Corte (Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José de Costa Rica)”, declaró el procurador César Siles en una conferencia de prensa.
Un informe de la CIDH estableció que durante el gobierno de Evo Morales se violaron derechos humanos fundamentales como la vida durante el operativo realizado en el Hotel Las Américas de Santa Cruz el 16 de abril de 2009.
El objetivo del operativo, ordenado por el expresidente Evo Morales cuando se encontraba en Venezuela en 2009, fue desarticular a una supuesta banda terrorista-separatista. El saldo, tres extranjeros asesinados: Eduardo Rózsa Flores, Arpad Magyaroisi y Michel Dwyer, además de dos detenidos: Elöd Tóásó y Mario Tadic.
