Rodrigo Puerta, director ejecutivo de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM-Bolivia), estimó este miércoles que al menos 1.200 millones de bolivianos se encuentran sin poder ejecutarse en los municipios por la demora que existe en la Asamblea Legislativa Plurinacional en la aprobación del presupuesto general reformulado 2023.
El funcionario indicó a la ANF que esta situación viene generando un gran perjuicio a los distintos gobiernos municipales, sobre todo en la atención de emergencias y de salud.
El 25 de octubre, el pleno de la Cámara de Senadores aprobó con ajustes el Proyecto de Ley de Modificaciones al PGE 2023, por lo cual retornó a la Cámara de Diputados. Esta medida retrasa la vigencia de la norma que adiciona recursos en beneficio de los gobiernos locales.
