Privados y Fiscalía de Santa Cruz buscan combatir avasallamientos, abigeato y el contrabando
El presidente de la Federación de Empresarios de Santa Cruz (Fepsc), Óscar Mario Justiniano, y el fiscal departamental de Santa Cruz, Róger Mariaca, se reunieron en las últimas horas para abordar diferentes asuntos, entre los que se encuentran la coordinación en la lucha contra delitos que golpean al sector privado.
Justiniano señaló que en la reunión se acordó gestar un “plan de coordinación integral en delitos que afectan al sector empresarial”, tales como avasallamientos, abigeato, contrabando estafas, robos, entre otros.
En su balance de la gestión 2023, el presidente de la Fepsc manifestó que uno de los problemas latentes está relacionado con los avasallamientos, censurando estas “actividades delincuenciales” y exigiendo la oportuna y adecuada intervención de las autoridades competentes porque es urgente evitar que prevalezca la ley del más fuerte y se destruya el ecosistema.
“La ocupación ilegal de tierras fiscales y predios privados por parte de grupos organizados con esta finalidad, ha elevado sus niveles de violencia, con muertes, secuestros, agresión a policías y periodistas. También está afectando importantes áreas protegidas y zonas forestales con desmontes y quemas que provocan daños ambientales en muchos casos irreparables”, apuntó el ejecutivo.
Desde la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) también suman propuestas para hacer frente a estas problemáticas que afectan al sector privado y una de ellas es la creación de un registro público que identifique a individuos que han participado en la ocupación ilegal de propiedades, tanto privadas como fiscales.
A través un comunicado conjunto, la dirigencia de la CAO señaló que la finalidad de esta propuesta es que los episodios de toma violenta de tierras no queden sin las consecuencias legales pertinentes y para asegurar que tales prácticas no sean recompensadas ni legitimadas, al igual que se demanda un freno a estas acciones violentas que atentan contra la seguridad jurídica.
Para los productores es imperativo que el Estado de Derecho prevalezca y que las acciones que amenazan la seguridad de los ciudadanos y la estabilidad de las comunidades sean detenidas, ya que el respeto a la ley es fundamental en una sociedad democrática y debe ser el marco dentro del cual se gestionen todos los conflictos.
