La CAO urge aplicación de la ley; llama a prevenir y detener escalada violenta
La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) emitió un pronunciamiento oficial de su directorio denominado ‘Es urgente aplicar la ley y parar la violencia armada’ acerca de las amenazas de muerte hechas por dirigentes interculturales de la zona de Guarayos, donde la entidad agroproductiva exige a las autoridades judiciales y gubernamentales “que las leyes se apliquen con rigor y sin demora, sancionando a aquellos que infringen la paz ciudadana con actos de violencia o amenazas. Hace un llamado a la justicia, no solo para castigar a los culpables sino también para prevenir la “escalada” de agresiones que amenazan nuestro tejido social».
La organización matriz de los productores de Santa Cruz insta a la creación de un registro público que identifique a individuos que han participado en la ocupación ilegal de propiedades, tanto privadas como fiscales, con el fin de que estas acciones no queden sin las consecuencias legales pertinentes y para asegurar que tales prácticas no sean recompensadas ni legitimadas.
“Es imperativo que el Estado de Derecho prevalezca y que las acciones que amenazan la seguridad de los ciudadanos y la estabilidad de nuestras comunidades sean detenidas. El respeto a la ley es fundamental en una sociedad democrática y debe ser el marco dentro del cual se gestionen todos los conflictos”, dice CAO.
“Desde aquel lamentable incidente del 28 de octubre de 2021, donde la seguridad de periodistas y civiles se vio gravemente comprometida, hemos sido testigos de un incremento de actos que desafían el orden y la ley. Esta tendencia alarmante debe ser atendida con la máxima seriedad y con acciones decididas por parte de las autoridades correspondientes.
Los productores agropecuarios ratifican el “compromiso inquebrantable hacia la protección de la vida y la propiedad privada, la seguridad de las tierras fiscales y el resguardo de nuestras áreas de conservación.
El pronunciamiento indica: “Estamos en un momento crucial, en el que la acción firme y la aplicación de la ley no son solo necesarias, sino urgentes. Apelamos a las autoridades para que respondan con la diligencia que la situación amerita”.
