A un año de muerte de Aramayo, indiferencia de autoridades confirma impunidad en casos de tortura
Transcurrió más de un año de la muerte del exdirector del Fondo Indígena Marco Antonio Aramayo y las autoridades no propiciaron ninguna investigación para dar con los responsables de la retardación de justicia y de las torturas sufridas por el exfuncionario durante los siete años que estuvo encarcelado.
En abril de 2022, la entonces defensora del Pueblo Nadia Cruz pidió al Ministerio Público que establezca responsabilidades sobre la eventual negligencia en el socorro a Aramayo, así como por los hechos de tortura que en principio negó. Consultada la actual gestión de la Defensoría sobre si existe alguna acción respecto a Aramayo, no respondió.
El viceministro de Justicia, César Siles, dijo hace un año que hará seguimiento al proceso para que se esclarezcan los hechos y se sancione a los responsables. Sin embargo, no se conoce ninguna acción judicial tampoco del Tribunal Supremo de Justicia ni del Consejo de la Magistratura. El Ministerio Público no inició ninguna investigación de oficio.
A tres semanas de la muerte de Aramayo, el abogado Jorge Valda, la exparlamentaria Carmen Eva Gonzales y la activista Guadalupe Cárdenas presentaron ante el Ministerio Público una denuncia por homicidio, vejaciones, torturas y malos tratos, privación de libertad, retardación o denegación de justicia, prevaricato de jueces y fiscales, denegación de auxilio, omisión de socorro y otros en contra de los supuestos autores. La fiscalía solo aceptó la figura retardación de justicia en contra del exdirector de Régimen Penitenciario Juan Carlos Limpias, pero nunca le tomó la declaración. El caso fue cerrado en dos oportunidades.
“Al Estado boliviano no le importa absolutamente nada que un ciudadano haya sido torturado en la cárcel por siete años, la tortura duró desde el momento en que Marco ingresó a la cárcel y terminó cuando él murió, pero el Estado boliviano como tal y los organismos internos e incluso a las organizaciones de derechos humanos de Bolivia no les importa esta situación, es una situación que de canto han decidido no investigar”, lamentó el abogado Héctor Castellón en declaraciones a ANF.
Aramayo falleció la madrugada del 19 de abril por falla multiorgánica, luego de permanecer hospitalizado de emergencia y en terapia intensiva. Su salud se fue deteriorando sistemáticamente al verse sometida de forma aberrante a más de 200 procesos judiciales.
El Instituto de Terapia e Investigación sobre las secuelas de la Tortura y la Violencia de Estado (ITEI) estudió el caso y emitió un informe titulado “El disfuncionamiento de la justicia. Tortura y otros malos tratos infligidos a Marco Antonio Aramayo” en el que concluyó que el exdirector del Fondo Indígena padeció 88 agresiones y fue torturado al menos 188 veces por jueces, policías y otros funcionarios judiciales y de Gobierno, durante su reclusión.
“No se ha hecho absolutamente nada, esperábamos que el gobierno, de oficio, después de conocer el informe del ITEI sobre las torturas que había sufrido Marco Aramayo, inicie las acciones, pero es evidente que no lo va hacer, hay muchos intereses que van más allá de lo jurídico, por lo que la familia está consciente de que no va haber ninguna investigación promovida ni por el Ministerio Público ni por Régimen Penitenciario ni por el Fondo Indígena ni por alguna entidad”, señaló el jurista.
Ante esta desidia gubernamental, Castellón indicó que en los próximos días la familia de Aramayo va a interponer la denuncia por las torturas, las vejaciones y los malos tratos sufridos.
De acuerdo al informe del ITEI, muchos de los escoltas designados para los viajes torturaron a Aramayo, así como también lo hizo el personal de seguridad de los diferentes penales del país. Sufrió de torturas biológicas cuando lo privaron de alimentos, agua y medicamentos durante horas. Sufrió de torturas físicas cuando lo golpearon y lo forzaron a viajar esposado y en posiciones forzadas del cuerpo.
Sufrió de tortura psicológica cuando lo amenazaron, extorsionaron, insultaron y humillaron. El mismo gobernador de la cárcel de San Pedro, según el pronunciamiento, mostró declarada hostilidad contra Aramayo, castigándolo en repetidas ocasiones sin que haya ninguna base fáctica para ese trato discriminatorio.
Por este caso “no existe una denuncia, no existe una investigación, no existe nada, porque normalmente pasa eso, sabemos que las autoridades lanzan unos cuantos juegos artificiales (anuncios) para que la gente quede bastante deslumbrada y luego terminan en una evidente resolución de rechazo porque no se pudo hacer nada”.
Consciente de la impunidad en los casos de tortura, Castellón dijo que obviamente la denuncia caerá en “oídos sordos” debido a que “si este mecanismo de la tortura es ideal para manejar un sistema político, sea de izquierda o de derecha, sería complicado para quienes manejan las esferas del poder deshacerse de un instrumento tan útil”.
El abogado Jorge Quiroz dijo a ANF que el delito de tortura es una práctica que se ha institucionalizado dentro de los órganos del Estado, en las diferentes entidades estatales y el Estado no lo regula porque “quiere mostrar un buen papel ante los organismos internacionales”, es decir, “si no hay adecuación del artículo 295 de tortura -a estándares internacionales- no hay delito”.
“Uno de los últimos informes que hace por ejemplo el GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes) a Bolivia es que el Estado regule y repotencie las fiscalías y los tribunales, los juzgados, nombrando a personas especialistas en la materia, pero definitivamente no lo hace porque no quiere rendir cuentas ante los organismos internacionales”, remarcó Quiroz.
Enfatizó que mientras no haya ley que regule el accionar en contra de la tortura, todo está bien para el Estado, sin embargo, “todos conocemos que desde el Órgano Ejecutivo se aplican formas de tortura (…) donde para el político en Bolivia no se considera la presunción de inocencia, sino que ya se afirma la culpabilidad, y esa exposición ante la colectividad, ante el público en general (de los detenidos) es una forma de tortura”.
Pasaron más de 20 años de las recomendaciones del Comité contra la Tortura (CAT) para que el Estado boliviano adecúe la figura legal de tortura a estándares internacionales, sin resultados. Sin embargo, Castellón ve una luz de esperanza en las palabras de autoridades del Ministerio de Justicia que señalaron que se iban a agotar todas las instancias para esclarecer la tortura de Aramayo y se determine lo que corresponda, jurídica y judicialmente.
“Aunque suene a soñador, yo creo que bajo esas recomendaciones se puede llegar a un avance muy importante en cuanto a la investigación de las torturas, este caso es sui generis ya que existe ese documento en el cual a propia voz y en vida Marco Aramayo da incluso nombres y apellidos de muchas de las personas que estaban involucradas en esas torturas directas”, dijo.
En ese sentido, agregó, si el poder judicial presta la debida atención “yo creo que puede ser un avance muy importante para no solo cumplir con esas recomendaciones y establecer la modificación del artículo 295, sino para demostrar a la CIDH que Bolivia sí está tomando una postura inicial e importante en la investigación de este tipo de casos”.
