El Banco Mundial aprueba un crédito de $us 118,5 millones para resiliencia climática en carreteras de Bolivia
El Banco Mundial aprobó este lunes un crédito de $us 118,5 millones para un Programa de Resiliencia Climática del sector vial en Bolivia, que beneficiará a 165.000 habilitantes de los municipios de Chimoré e Ivirgarzama en Cochabamba, Guanay en La Paz y Monteagudo en Chuquisaca.
El programa servirá para fortalecer la gestión de riesgo climático en el sector vial y mejorar la resiliencia climática y la seguridad de puentes y tramos carreteros del país; además, de peatones, conductores privados y de transporte público de aproximadamente 9.000 vehículos que usan esas vías y puentes.
El monto aprobado corresponde a un préstamo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) con un plazo de vencimiento de 25 años y un periodo de gracia de 14 años.
Banco Mundial
El BIRF es una cooperativa internacional dedicada al desarrollo, propiedad de los 189 países que lo integran. Como el mayor banco de desarrollo del mundo, el BIRF apoya la misión del Grupo Banco Mundial, proporcionando préstamos, garantías, productos de gestión de riesgos, y servicios de asesoría a los países de ingreso mediano y a los países de ingreso bajo con capacidad crediticia.
“Bolivia ocupa el décimo lugar en el Índice de Riesgo Climático Global y ha sufrido en los últimos años daños significativos debido a eventos climáticos extremos como altas temperaturas y precipitaciones intensas con consecuentes deslizamientos e inundaciones que generaron un impacto económico y social considerable”, indica un comunicado del BM.
Asimismo, entidades nacionales involucradas en la gestión de activos viales y la seguridad vial -incluida la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), ejecutora del proyecto- recibirán capacitación en temas como vulnerabilidad de la infraestructura y acciones de mitigación de los efectos del cambio climático, entre otros.
“El Banco Mundial tiene experiencia global en el sector del transporte y en la mejora de la infraestructura vial para hacerla más segura y resiliente a los fenómenos climáticos. Esa experiencia nos dice que cuando las carreteras y puentes se construyen con un enfoque resiliente estamos salvaguardando la vida y el bienestar de los usuarios y poblaciones cercanas y evitando gastos de reconstrucción al país”, afirmó Camille Nuamah, representante residente del Banco Mundial en Bolivia.
Carreteras
El proyecto tiene dos componentes principales. El primero apunta al desarrollo institucional y generación de capacidades en gestión del riesgo climático en el sector vial de Bolivia. Incluye un diagnóstico exhaustivo de los riesgos climáticos, las prioridades de resiliencia climática y las capacidades institucionales de todas las instituciones que administran la red vial nacional, y una estrategia para mejorar la respuesta eficaz a los retos actuales y futuros en este ámbito.
El segundo componente apoyará la implementación de tres subproyectos que serán construidos con un enfoque de resiliencia ante desastres climáticos para reducir el riesgo de posibles incidentes en tramos clave de la Red Vial Fundamental.
El primer subproyecto es la carretera Chimoré-Ivirgarzama (32 km) que se completará para hacerla una vía de doble calzada, incluyendo un nuevo puente y sus accesos, el reemplazo de alcantarillas, acceso a viaducto existente y puentes peatonales.
El segundo es el puente Guanay de dos carriles y alrededor de 200 metros de largo, minimizando las vulnerabilidades climáticas y maximizando las medidas de seguridad vial a fin de prevenir futuros incidentes tomando en cuenta el alto nivel de urbanización en la zona.
El tramo III Molino-Monteagudo de aproximadamente 13 km es el tercero, que incluye la rehabilitación de un tramo existente y la construcción de un nuevo camino rural (circunvalación) para evitar el área urbana. Se encuentra en una zona de riesgo de deslizamientos de tierra, donde los cortes de ruta, los daños y las interrupciones del tráfico son frecuentes y significativos.
Asimismo, el programa incluye obras y actividades a nivel municipal, en las que al menos la mitad de las inversiones se destinarán a prioridades definidas por las mujeres de las comunidades apuntando a promover su empoderamiento económico, inclusión social y prevención de la violencia de género.
