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Ministro Del Castillo descarta traslado de Camacho a Santa Cruz

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, descartó el traslado del gobernador encarcelado Luis Fernando Camacho a Santa Cruz para su juicio en el caso Decretazo, esto en razón de que también está próximo el inicio del proceso por el caso Golpe de Estado I, en La Paz.

“Hace un par de días se ha sorteado el caso Golpe de Estado I, ya tiene tribunal de sentencia y así también va a iniciar su juicio correspondiente. Por tanto, al tener dos juicios en dos ciudades distintas que separan casi 1.000 kilómetros lineales de una ciudad a otra, no podemos trasladar al Luis Fernando Camacho todos los días de un centro penitenciario a otro”, dijo la autoridad, en conferencia de prensa. 

Añadió que no son los únicos procesos que tiene abiertos Camacho, debido a que también guarda detención preventiva por otros que se ventilan tanto en Santa Cruz como en La Paz, y “el juez no ha solicitado algún tipo de permiso a los otros administradores de justicia”.

Recordó que de manera pública señaló que si el Tribunal de Sentencia de Santa Cruz del caso Decretazo insiste en llevar la audiencia de manera presencial, se le dará todas las garantías para trasladarse hasta el centro penitenciario de Chonchocoro para realizarlo.

El ministro dejó en claro que la falta de condiciones para el traslado de Camacho a suelo cruceño no ha cambiado y que la posición de la Policía y la Dirección de Régimen Penitenciario sigue siendo la misma. “Ellos han presentado los informes correspondientes a los administradores de justicia de Santa Cruz”.

El gobernador cumple detención preventiva en Chonchocoro por el caso Golpe de Estado I, desde diciembre de 2022. Este proceso indaga el derrocamiento del presidente Evo Morales en noviembre de 2019, cuando renunció asfixiado por denuncias de fraude electoral, protestas cívicas lideradas precisamente por Camacho, un motín policial y la presión de los militares.

En el caso Decretazo, Camacho está imputado por la supuesta comisión del delito de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, eso por la aprobación de un decreto departamental antes de un viaje a Brasil, en marzo de 2022.

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