Cívicos de la provincia Velasco denuncian asentamientos ilegales y deforestación en la reserva «Bajo Paraguá»
Aproximadamente 850 hectáreas afectadas por grupos organizados de avasalladores que actúan a la vista y complicidad de la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT) y del INRA, además de la alcaldía de San Ignacio, llamada por ley a proteger, defender y promover dicha área protegida.
Esos son los hechos denunciados por el presidente del Comité Cívico de San Ignacio de Velasco, Dino Franco, quien reafirma la cantidad de hectáreas afectadas y también advierte que los avasalladores actúan a la vista y complicidad de dichas instituciones nacionales mencionadas y de las autoridades municipales que tampoco hacen nada en relación, siendo que son los encargados de la protección, defensa y promoción del área protegida «Bajo Paraguá».
Indicó que en una oportunidad acompañaron a la ABT a inspeccionar la reserva y evidenciaron un avasallamiento, donde se encontraban personas de interior del país asentadas ilegalmente, además de evidenciar, una maquinaria (oruga) con la que se presume, estuvieron realizando desmontes días antes. Sin embargo, dicha institución gubernamental sólo tomó fotos y levantó datos al respecto, pero hasta la fecha, no ha iniciado ningún proceso administrativo, mucho menos penal contra los avasalladores. Asimismo, remarcó que dieron parte al INRA y este informó a través de resoluciones, que dichas tierras son fiscales no disponibles.
«Es lamentable que a pesar de nuestras denuncias, los avasallamientos aún continúan y preocupa, que meses antes del Censo, este accionar se ha intensificado. Se tiene conocimiento que los asentados son Interculturales y de la Única y que tienen el objetivo de hacerse censar en el lugar, para luego legalizar y exigir que les doten esas tierras», remarcó Franco.
En este contexto, informó que solicitaron de manera formal al INE, la cartografía territorial para ver cuál es la situación de la zona. La respuesta que recibieron, fue que no les pueden proporcionar dicha información, por lo que los cívicos lamentan la falta de transparencia del Instituto Nacional de Estadísticas, siendo que se luchó 36 días por un censo oportuno y transparente.
“Al negarnos información ¿de qué transparencia podemos hablar?, lamentó el presidente cívico de San Ignacio, quien además mencionó que visitaron las oficinas del INE y tomaron una foto del mapa de unidad territorial censal de la provincia Velasco, donde pudieron constatar que, está incluida dentro del área protegida “Bajo Paraguá”, la comunidad 15 de octubre, quien ya tiene antecedentes de realizar asentamientos ilegales.
“Lastimosamente no estamos siendo escuchados por las autoridades llamadas por ley a poner orden en este caso, ni tampoco recibiendo el apoyo necesario de la Alcaldía de San Ignacio, para evitar que sigan sucediendo estos avasallamientos en la reserva. Lo estamos alertando y denunciando desde hace tiempo (2021) y hoy previo al censo, se han intensificado. No olvidemos que la reserva municipal “Bajo Paraguá” es la principal fuente de agua para la Chiquitanía, por lo cual es importante su conservación», concluyó Franco.
