Diputados aprueba contratos petroleros por $us 504, 5 millones
La Cámara de Diputados aprobó este miércoles tres contratos de servicios petroleros de exploración y explotación por $us 504,5 millones entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la empresa Vintage Petroleum Bolivia LTD.
El primer contrato se refiere al área Sayurenda, departamento de Tarija, suscrito el 20 de enero de 2023. Prevé una inversión $us 57,4 millones; 35,5 billones de pies cúbicos (BCF por su sigla en inglés) de recursos recuperables y 2,8 millones de barriles (MMBBL); y $us 162,3 millones de renta petrolera.
El segundo contrato se desarrollará en la zona Caraidanti, ubicada en los departamentos de Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz, y fue firmado el 20 de enero de 2023, donde Vintage ejecutará $us 194 millones de inversión; proyecta 163,1 BCF y 10,9 MMBBL en recursos recuperables, además de una renta petrolera $us 650,9 millones.
El tercer contrato corresponde al área Yuarenda, también en el departamento de Tarija, suscrito en fecha 20 de enero de 2023, donde se prevé una inversión de $us 252 millones; 171,3 BCF y 12,80 MMBBL de recursos recuperables. Asimismo, se calcula una renta petrolera $us 701,1 millones.
El ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina Ortiz, destacó la aprobación de los contratos, al considerar que son importantes para incrementar las reservas de hidrocarburos.
“Contemplan la ejecución de actividades de exploración y explotación y el factor de riesgo está por encima del promedio nacional y regional (20%)”, explicó durante su intervención en el hemiciclo parlamentario, cita un boletín institucional.
Estos contratos viabilizarán inversiones para las actividades establecidas en el Plan del Upstream (exploración y explotación), en la búsqueda de nuevos recursos hidrocarburíferos para subir la producción e incrementar las reservas.
Las inversiones en las actividades de exploración y explotación a realizar por la empresa operadora Vintage alcanzarían los $us 504 millones y el Estado podría obtener ingresos de al menos $us 1.500 millones, recursos que serán distribuidos entre el gobierno central, gobiernos departamentales, gobiernos municipales y universidades a través de regalías e impuestos para mejorar la calidad de vida de la población, según datos oficiales.
