38.000 industrias sufren por el contrabando; la actividad ilícita mueve $us 3.331 MM

No hay peces gordos contrabandistas en la cárcel y el delito mueve 3.331 millones de dólares, un 65% más que en 2014. La ilícita actividad perjudica a 38.000 industrias del país.

El daño es severo y una competencia desleal para diferentes actividades, alimentos, farmacia, cervezas y textiles. Las cifras fueron expuestas en el seminario internacional “Del Comercio Informal al Crimen Organizado: Los Desafíos de la región frente al contrabando”, evento organizado por la Cámara Nacional de Industrias (CNI) y Rodríguez & Baudoin.

El asesor de la CNI Hugo Siles reveló, con base a estudios de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), que el contrabando en 2022 movió un valor de 3.331 millones de dólares, equivalente a 7,96% del PIB.

En 1999 el delito representaba 1.000 millones de dólares, es decir que se incrementó en 203% desde entonces y en 64% desde 2014. cuando el movimiento de la ilícita actividad era de 2.011 millones de dólares.

El año pasado, la evasión tributaria por IVA y Gravamen Arancelario (GA) del contrabando llegó a 930 millones de dólares, cifra con la cual se pudieron construir 16 hospitales de tercer nivel. Además, el contrabando creció al doble, 8,72%, de la economía, 4,30%, el año pasado. A mayor incremento de la ilícita actividad, hay un mayor descenso de las Reservas Internacionales Netas (RIN).}

Siles apuntó que el delito y su competencia desleal afecta a 38.000 industrias del país y a 600.000 empleos formales, frena la reactivación económica, provoca la desindustrialización evade impuestos, fomenta actividades delincuenciales.

El viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Daniel Vargas, señaló que quienes se dedican a la ilícita actividad internan mercadería con armas, explosivos y el personal militar que combate la actividad no siempre puede hacer lo mismo. Hay limitada capacidad y condiciones operativas para combatir la actividad ilegal, como acciones dispersas.

Señaló que la responsabilidad de control de zona fronteriza debe ser compartida con los países vecinos porque el contrabando es un problema transnacional, pero se observa que, por ejemplo, en Chile no hay compromiso y se deja salir vehículos, ropa y otros productos.

Para ese país una Zona Franca es una porción unitaria de territorio deslindado o próximo a un puerto o aeropuerto amparado por la presunción de la extraterritorialidad aduanera, es decir mercancías que no están sujetas a tributos aduaneros.

Pese a la magnitud del daño que provoca el contrabando, Página Siete le consultó a la autoridad ¿por qué no hay peces gordos en la cárcel? Al respecto Vargas señaló que un problema es la normativa vigente que establece que para ser considerado delito de contrabando, la mercadería incautada debe tener un valor superior a las 200.000 UFV (487.986 bolivianos o 70.112 dólares) y sólo en ese caso los implicados pueden ir a prisión.

Señaló que pueden, por ejemplo, ingresar cinco camiones con contrabando, pero si el valor no llega a las 200.000 UFV, sólo se considera una contravención aduanera y no hay cárcel para los responsables.

Por eso es que se ha pedido desde diferentes instancias del sector privado que esto baje a 50.000 UFV (121.996 bolivianos o 17.528 dólares), de esa manera cualquier mercadería ilegal que ingrese y tenga ese valor ya podría ser tipificado como delito y llevar a prisión a los autores. “Ahí habrá peces gordos encarcelados”, puntualizó Vargas.

Aseguró que desde el Viceministerio de Política Tributaria ya se analiza un proyecto de ley, pero no es fácil que se baje esto a 10.000 UFV o 20.000 UFV, se debe socializar los ajustes normativos con el sector comercio, gremiales.

La autoridad reveló que de Chile ingresan al país, a través de 50 puntos de entrada ilegales, 1500 tipos de mercadería, ropa usada, línea blanca, línea negra, vehículos indocumentados, alimentos transgénicos. En el caso de Perú hay 27 puntos de ingreso ilegales por donde se internan alimentos agrícolas, ropa con marcas falsificadas, productos en general.

En el seminario, el gerente de la Cámara de la Industria Farmacéutica Boliviana (Cifabol), Josip Lino, reveló que las empresas legalmente establecidas deben competir contra el comercio ilegal de medicamentos que representan el 20% del mercado y equivalen a 80 a 85 millones de dólares.

El ejecutivo de la Cervecería Boliviana Nacional (CBN), Ronald Camacho, informó que el contrabando de cerveza mueve 33,7 millones de litros y el mercado ilegal de bebidas representa el 15,4% del mercado total. Esto genera una defraudación fiscal de 118 millones de dólares al año.

Desafíos

En el Seminario se coincidió que el tráfico ilícito de mercaderías en la región andina de Bolivia, Chile y Perú ha dejado de ser un delito que tiene solamente consecuencias económicas para la región. Su complicidad con otros delitos, como el narcotráfico, la minería ilegal, la trata y tráfico de personas o el robo de vehículos, ha comenzado a hacer que esta actividad se vuelva violenta y comience a afectar la seguridad de los Estados.

Una de las conclusiones del evento fue que se debe acometer al contrabando coordinando acciones, no solamente entre el sector privado de los tres países, sino articulando acciones entre los gobiernos y deconstruyendo imaginarios sociales que naturalizan a este delito.

El presidente de la CNI, Pablo Camacho, calificó el encuentro de “histórico” y anticipó la puesta en marcha de la “diplomacia empresarial” entre los tres países para coordinar acciones que permitan impulsar el comercio formal en la región que comparten Bolivia, Chile y Perú, pero también fortalecer las acciones trinacionales en la lucha contra el contrabando.

El industrial señaló que es una necesidad modificar el Código Tributario para bajar de 200.000 UFV a 50.000 UFV el valor del monto para que sea considerado como delito aduanero. También se debe modificar los numerales 301 y 31 del artículo 26 de la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales para municipalizar la lucha contra el contrabando.

Además, se deben fortalecer las acciones de interdicción del Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando en fronteras para evitar el ingreso de mercadería ilegal e impulsar y proteger lo hecho en Bolivia.