El ‘tractorazo’ de cañeros y soyeros exige la anulación de la restricción a la venta de carburantes
Los cañeros y soyeros de Santa Cruz comienzan a concentrarse en el municipio de Mineros para impulsar en horas de la mañana el denominado “tractorazo” contra la restricción en la comercialización de combustible que rige por disposición del Gobierno desde mediados de abril. El sector advierte con un paro indefinido si no se abroga el decreto que la respalda.
La movilización llegará al municipio de Montero en donde realizarán una manifestación. Los productores del Norte Integrado avanzan con sus tractores desde varios puntos de esa región para escuchar sus reclamos en medio de la carretera, aunque ya advierten con un bloqueo si el Gobierno no abroga los decretos que sustentan la restricción.
El representante de los cañeros, Jhonny Quinteros, indicó que la medida se asume en medio de la declaratoria de emergencia.
“El productor necesita mucho diésel para producir alimentos. Los soyeros y cañeros estamos en emergencia porque el Gobierno nos tiene coartado porque diésel no tenemos el sector productivo”, señaló en una entrevista con La Revista de la red UNITEL.
El dirigente urgió al Gobierno central que atienda las demandas del sector. “Es un preaviso para que el Gobierno escuche nuestras peticiones y el decreto que lo derogue”, advirtió el dirigente.
Acto seguido, emplazó: “Si no nos escucha el Gobierno vamos a ir a bloquear con nuestras chatas y tractores, un bloqueo indefinido, vamos a paralizar Santa Cruz”.
El presidente de la Comisión Nacional de Productores de Caña de Bolivia (Concabol), Oscar Alberto Arnés, señaló que la disposición estatal frena el derecho a seguir produciendo por lo que la preocupación va a ser manifestada por medio de la protesta.
Decreto
El Decreto Supremo 4910 prohíbe a las estaciones de servicio de combustibles líquidos la venta de gasolinas o diésel en bidones, tambores u otro tipo de envases aptos en volúmenes mayores a 120 litros de manera mensual.
Para volúmenes mayores las personas naturales y jurídicas deben tramitar la autorización expedida por la Dirección General de Sustancias Controladas.
Los productores se quejan de la burocracia y en su momento pidieron aplicar una pausa en la medida.
El Gobierno argumenta que la norma tiene el fin de frenar el contrabando de carburantes, que es subvencionado por el Estado.
