Gobierno en la ONU dice que trabaja proyectos contra uso del mercurio, pero aún no tiene un plan
El gobierno boliviano en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) a nombre del Estado dijo que es respetuoso de los compromisos internacionales, entre ellos el convenio de Minamata. Sin embargo, a la fecha sigue pendiente la presentación del plan nacional de acción para la reducción del uso y comercialización del mercurio.
El Relator Especial sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos, Marcos Orellana, presentó su informe sobre sustancias y desechos peligrosos en la minería de explotación de oro a pequeña escala en la sesión del Consejo de Derechos Humanos.
En dicho informe destacó las consecuencias negativas y altamente riesgosas del uso del mercurio en la minería a pequeña escala, especialmente para las poblaciones más vulnerables y para el medio ambiente.
La mayoría de los Estados miembros destacaron saludaron el reporte y expresaron sus esfuerzos en la reducción en el uso del metal, en las medidas para su eliminación total y algunos celebraron que en sus países esté totalmente prohibido.
Cuando le tocó al Estado boliviano hacer uso de la palabra, la embajadora ante la ONU en Ginebra, Maira Macdonal, dijo “somos respetuosos de nuestros compromisos internacionales, habiendo ratificado el convenio de Minamata el 2015”, sin embargo, justificó que su implementación enfrenta mayores desafíos porque el país tiene una historia minera en sus raíces en especial en la colonización.
Acotó que “reafirmamos nuestro compromiso y trabajo con ese fin, en ese sentido coincidimos con el relator cuando recomienda el desarrollo de planes nacionales y estrategias de acción sobre el uso del mercurio”.
Macdonal dijo que en este momento el país sigue trabajando en coordinación con organismos internacionales en el “desarrollo” de proyectos como el plan nacional de acción en el sector de la minería artesanal, entre otros.
“Bolivia se encuentra trabajando en coordinación con el Fondo para el Medio Ambiente, la ONUDI, y el PNUMA en el desarrollo de los siguientes proyectos, el plan nacional de acción nacional en el sector de la minería artesanal y en pequeña escala, la mejora de la formalización y reducción del mercurio en la minería de oro artesanal y de pequeña escala”, sostuvo en la sesión del Consejo de Derechos Humanos.
Sin embargo, el Estado boliviano fue conminado en marzo de este año por la Relatoría Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos a presentar en mayo su plan de acción destinada a reducir el uso y comercialización del mercurio, pero a la fecha las autoridades no presentaron el documento.
El ministro de Minería, Ramiro Villavicencio, en mayo sostuvo que gran parte del mercurio que llega a Bolivia sale de contrabando a otros países de la región; sin embargo, sugirió implementar políticas que controlen la internación desmedida del químico.
Estimó que la importación de mercurio que registra el país ronda las 200 toneladas por año y dijo que es importante regular su uso por los compromisos adquiridos en convenios como el de Minamata.
“Estamos hablando de la minería, concentración de oro a través de gravimetría o la sustitución por otros reactivos como es el cianuro de sodio o en su defecto el tiosulfato de sodio, que son también importantes para la recuperación del oro en vetillas”, argumentó en ese tiempo.
En varias oportunidades las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente anunciaron con diversos argumentos que el plan estaba listo y que solo era objeto de correcciones, la última vez el ministro dijo que el proyecto del plan nacional sería remitido al gabinete de Luis Arce. la ANF ha solicitado a ese despacho información acerca del tema, pero no ha tenido una respuesta positiva.
La embajadora, además dijo que el país es “parte del proyecto regional del cumplimiento del convenio de Minamata a través de una mejor comprensión y control del comercio del mercurio en América Latina, asimismo, estamos desarrollando un programa nacional de gestión en salud ambiental que viene desarrollando un instrumento técnico normativo para realizar la vigilancia epidemiológica de intoxicaciones por mercurio”.
Macdonal al inicio de su intervención también señaló que el «Estado Plurinacional de Bolivia por mandato constitucional todas las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos tienen derecho a vivir en un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado. Promovemos y garantizamos la conservación del medio ambiente para el bienestar de las generaciones actuales y futuras, así como el aprovechamiento y responsable de los recursos naturales».
Aunque en el país, los pueblos indígenas y las organizaciones que trabajan en la protección y conservación del medio ambiente denuncian una inacción del Estado para la protección de las poblaciones más vulnerables que están en riesgo por la contaminación del mercurio en los ríos donde existe minería en la explotación del oro.
