Sedes-Beni denuncia venta ilegal de psicotrópicos y activa proceso a cuatro farmacias
El Servicio Departamental de Salud del Beni (Sedes-Beni) presentó denuncia formal ante la Fiscalía de Sustancias Controladas en contra de cuatro farmacias por el delito de comercialización ilegal de 1.3 millones de comprimidos de flunitrazepam, un poderoso fármaco hipnótico para la inducción del sueño.
El director del Sedes-Beni, Luis Alberto Suárez, explicó en su denuncia del pasado 15 de agosto, que dicho medicamento es considerado sustancia controlada por la Ley 1008 y aun así era comercializada sin receta médica.
Recordó que, en la década del 90, el fármaco era conocido como la “droga de la violación” por los efectos sobre la actividad cerebral de las personas porque al ingerir en cualquier bebida caían con facilidad en un profundo sueño.
Explicó que hace pocos días, la Coordinadora Departamental de Farmacias del Sedes-Beni presentó un reporte trimestral sobre los descargos y recetas de todas las farmacias privadas, institucionales, municipales y seguro de corto plazo.
Esos datos fueron contrastados con informes y facturas enviadas por las distribuidoras y sucursales de laboratorios para conocer la cantidad de movimiento de venta de psicotrópicos y estupefacientes en el departamento.
Aseguran que ese trabajo ha permitido detectar que la sucursal de un conocido laboratorio ha comercializado “alarmantes cantidades de medicamentos controlados”.
En dos farmacias de la ciudad de Trinidad se habrían vendido 42.660 comprimidos entre el primer y segundo trimestre de 2022 y 615.750 comprimidos entre el primer cuatrimestre de 2021-2022.
Una tercera farmacia en Riberalta comercializó 716.040 comprimidos en el cuatro trimestre 2021-2022 y la cuarta farmacia habría vendido en el segundo trimestre de 2022, 19.500 pastillas en la ciudad de Guayaramerín.
El Sedes-Beni pide a la Fiscalía aplicar la ley porque se ha evidenciado que los propietarios y regentes farmacéuticos, al comercializar sin receta médica, incurrieron en faltas administrativas y delitos penales.
Explica que los dueños se exponen a sanciones que pueden derivar en la cancelación de su registro e inhabilitación definitiva del ejercicio profesional, clausura definitiva del establecimiento y presidio de dos a cinco años.
La gobernación aguarda que, en esta oportunidad, la Fiscalía del Beni abra investigación sobre la denuncia y no ocurra como las otras 240 denuncias de corrupción que implican a la gestión del gobernador Alex Ferrier, donde los denunciados fueron sobreseídos o beneficiados con el rechazo de la denuncia.
