Indígenas viven una ‘injusticia ambiental’ y el Gobierno es cómplice por callar
Peces muertos, ríos contaminados con metales pesados, despojo de tierras y desplazamiento forzado son algunas de las afectaciones que deja la actividad minera en diferentes regiones del territorio nacional. Además, de comprometer la salud de los pobladores de comunidades situadas en las áreas de influencia de las zonas mineras o aguas abajo. Esa situación dramática es confirmada por Limbert Sánchez, delegado del Centro de Ecología y Pueblos Andinos (CEPA).
Samuel Flores Cruz, secretario permanente del Tribunal de Justicia Indígena y representante de la nación QharaQhara, cuestiona que las normas ambientales solo estén en el papel y nunca se cumplan. La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) aseguró hace una semana que no está prohibida la actividad minera en las áreas protegidas, siempre que el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) emita un Certificado de Compatibilidad de Uso en el que indique que no se vulnerarán los derechos medioambientales.
Para Sánchez la minería tiene un impacto ambiental negativo e irreversible para el país debido a las secuelas de la contaminación como resultado de la explotación con métodos rudimentarios, alejados de la normativa ambiental, minera y sanitaria, lo que afecta la salud del trabajador, de su familia y de las distintas comunidades.
Menciona que solo en el departamento de Oruro se identificaron 82 comunidades en riesgo por la minería, y de esa cifra unas 30 están tipificadas de “alta vulnerabilidad” porque los operadores mineros incumplen las medidas de prevención para proteger el medioambiente. Contaminan los ríos, lagos y suelos con metales pesados.
