PGE 2023 prevé más gasto en sueldos y salarios y más subvención a combustibles

De acuerdo con datos del proyecto de Presupuesto General del Estado (PGE) 2023, el gasto en sueldos y salarios del Estado será superior a la recaudación tributaria. Expertos señalan que el PGE presentado por el Gobierno muestra mayores gastos, menos inversión y un marcado centralismo.

Según el analista financiero Jaime Dunn, esta situación no es nueva y muestra que el Gobierno tiene problemas para poder cubrir sus gastos.

“Si observamos el PGE, el Gobierno prevé una recaudación tributaria, sin tomar en cuenta el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y el Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD) de 45.010 millones de bolivianos y los salarios son de 47.253 millones de bolivianos, entonces es otro año en el que vemos que el gasto en salarios es superior a la recaudación sin IDH e IEHD. Esto nos muestra claramente la previsión de una reducción de ingresos en la que lo recaudado en impuestos ya no alcanza para pagar la planilla”, expresó.

Adicionalmente, si se toman en cuenta los beneficios sociales y los pagos a la seguridad social de los trabajadores, la cifra es aún mayor, llegando a los 53.671 millones de bolivianos, mientras que la recaudación prevista, incluyendo el IDH y el IEDH, es de 53.557 millones de bolivianos.

Es decir que todo el esfuerzo de obtención de ingresos tributarios se dirigirá al mantenimiento del aparato estatal, el cual incluye servidores públicos, maestros, médicos, personal de la Policía, Fuerzas Armadas y otros.

El aparato estatal se estima que tiene más de 500 mil trabajadores dependientes con un crecimiento de 10% anual. Hasta 2017, tenía 402.763, según el libro 12 años de estabilidad económica, del Ministerio de Economía.

El proyecto del PGE prevé que el gasto en sueldos y salarios represente el 19,4% del presupuesto 2023, que será de 243.950 millones de bolivianos, con un crecimiento en comparación con 2022 del 4,5%.

Según el PGE, el 58,1% de la asignación de sueldos y salarios está destinado a los maestros, personal de salud, Policía y Fuerzas Armadas.

No es la primera vez que esta situación se presenta, ya que el PGE 2022 proyectó una recaudación de 50.470 millones de bolivianos, pero el gasto en sueldos, salarios, aportes a seguridad social y beneficios sociales proyectado fue de 51.504 millones de bolivianos.

Más gasto, menos inversión

El PGE 2023 proyecta un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 4,86%, 0,24 puntos porcentuales menos del 5,1% previsto para 2022, mientras que el presupuesto de inversión pública bajará de 5.015 millones de dólares en 2022 a 4.006 millones de dólares en 2023.

Además se proyecta un presupuesto agregado de 317.129 millones de bolivianos y un presupuesto consolidado de 243.950 millones. Estos montos representan un incremento de 3,8% en el caso del presupuesto consolidado (235.090 millones de bolivianos en 2022), mientras que el presupuesto agregado creció en 4,3% (304.045 millones de bolivianos en 2022). Asimismo, la tasa de inflación prevista para 2023 es de 3,57% y se calcula un déficit fiscal de -7,49%.

De acuerdo con Dunn, la reducción del monto programado para la inversión pública de 5.015 millones de dólares en 2022 a 4.006 millones de dólares en 2023 muestra que esta variable es la clave para la estabilidad de la economía del país.

“Gracias a que la inversión pública es menor, el déficit también se ha reducido. Entonces la inversión es un componente de gasto y el hecho de que la estén reduciendo muestra dos factores, que el déficit sea menor, pero también el crecimiento”, apuntó el analista.

Explicó que el presupuesto de gasto tan grande muestra que el modelo está empujando como motor de la economía al gasto y al consumo. “Para este tipo de modelo, mientras más se gaste es mejor y eso también influye en el crecimiento económico, entonces este modelo pone énfasis en eso”, observó Dunn.

Por su parte, el analista económico Gonzalo Chávez señaló que si bien se ha reducido el monto asignado a la inversión pública, es aún elevado, considerando que en pasados años la ejecución de la misma no superó el 60%.

“Para el 2021 se presupuestó una inversión pública de 4.000 millones de dólares, de los cuales solo se ejecutaron 2.500 millones de dólares, aproximadamente, y las perspectivas para 2022 van en la misma línea, entonces no se entiende por qué el Gobierno pone una meta tan alta si al final la ejecución no va superar el 50% o quizás el 60%”, expresó.

Asimismo, el analista indicó que el Gobierno no reporta una evaluación de resultados y alcances del PGE 2022, ni toma en cuenta los últimos acontecimientos por el censo que podrían tener un impacto en los indicadores previstos para este año y cómo podría afectar a las previsiones del siguiente.

“Política y amor, el papel aguanta todo. PGE 2023 parece que no se enteró de la crisis del censo y su impacto económico. Hasta ahora -2,3% del PIB. Proyecciones de crecimiento 4,86%, inflación 3,57%. Inversión pública 4.000 millones de dólares. En los dos años anteriores, ejecutaron la mitad”, remarcó.

Por su parte, el presidente del Colegio de Economistas de Tarija, Fernando Romero, sostuvo que a pesar de la reducción del monto de la inversión pública y de la previsión de un menor déficit fiscal, el PGE pronostica un crecimiento en el gasto, sobre todo por la subvención a los hidrocarburos.

“Al tener una menor inversión pública, esto repercute directamente en un menor gasto público y, por ende, un menor déficit en el país; pero todo depende si es que no se incrementa el gasto en otras partidas o como lo que ocurrió en este año con una elevación en el costo de la importación y subvención de carburantes”, puntualizó.

Asimismo, Romero anotó que si se compara el PGE 2023 con el presentado para la presente gestión, los cambios son mínimos, lo que es negativo, tomando en cuenta que las perspectivas económicas globales muestran un contexto de inestabilidad y recesión. “Las modificaciones son leves y es casi un copiar y pegar en la distribución de recursos si se compara el PGE 2023 con el de 2022”, precisó.

Sin embargo, dijo que ahora se debe analizar el presupuesto en un contexto de inestabilidad mundial. Por ello, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) establecieron que los países en vías de desarrollo van a entrar en una recesión a finales de esta gestión y van a tener un proceso inflacionario más elevado.

“Eso también justifica por qué el Gobierno tomó previsiones en el PIB”, añadió Romero.

Subvención a los hidrocarburos

EL PGE estimó para 2023 una subvención a los hidrocarburos de 7.642 millones de bolivianos (1.107 millones de dólares), un 60% más de lo previsto para este año, sin embargo, no se presentaron los datos de la previsión del precio del barril de petróleo.

El exdirector del Banco Central de Bolivia (BCB) Gabriel Espinoza opinó que éste fue el “dato más importante que el Gobierno no presentó” .

“Con esa cifra se determinan los ingresos para el Gobierno central, los municipios y gobernaciones, y la subvención a los hidrocarburos. Todos los años suelen subvalorar el precio del petróleo”, dijo.

Sin embargo, advirtió que para tener una subvención de 1.000 millones de dólares en la siguiente gestión el precio que se estimó del petróleo debe ser “conservador”. “Esa subestimación del precio del petróleo le sirve al Gobierno para controlar el presupuesto que se le asigna a los municipios y gobernaciones. Es decir, mientras menor el precio que se estime, menor es el dinero que se les destinará. De esta forma puede controlar el gasto de las entidades subnacionales”, lamentó.

Por su parte, el exministro de hidrocarburos Álvaro Ríos indicó que el 2022 fue un año especialmente difícil para las importaciones y la subvención debido a la guerra entre Rusia y Ucrania.

“Estos problemas permitieron la especulación en los mercados, la desestabilización de los precios. En cambio, en este 2023 la situación va a ser más normal y permitirá que baje la subvención. La importación de diésel y gasolina va a subir, pero consideramos que la subvención de mil millones de dólares va a ser razonable, teniendo en cuenta que vamos a tener un precio de 85 a 90 dólares el precio del barril”, indicó.

Excesivo centralismo

El Gobierno tiene asignados el 85% de los ingresos del Presupuesto General del Estado (PGE) 2023. Este porcentaje es similar al que se distribuyó esta gestión.

De acuerdo con Romero y Espinoza, esta concentración de recursos muestra un “excesivo centralismo” y que el nivel central es el principal agente económico del país.

“Este es un problema serio, porque en el ajuste del PGE de este año el ministerio mencionó que se redujo el déficit fiscal; pero los gastos del Gobierno central suben y lo que se mantienen bajo es el gasto a cargo de los otros niveles del Estado. Por tanto, hay una centralización profunda del gasto y esto deja en una situación poco ventajosa a los gobiernos subnacionales, que dan servicios e infraestructura a la población. Ellos se encargan de la salud, educación y recojo de la basura, entre otros”, explicó Espinoza.