Petróleo&Minería

Doria Medina advierte que Bolivia podría pagar el triple si pierde arbitraje con Gloria

Bolivia puede perder una nueva demanda arbitral por la expropiación de acciones de la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce) en la Fabrica Nacional de Cemento (Fancesa) y pagar una indemnización que triplica el monto que pidió en su momento el empresario Samuel Doria Medina por esta decisión del Estado.

Mediante Decreto Supremo 0616 de 1 de septiembre de 2010 el gobierno del entonces presidente Evo Morales dispuso la recuperación del 33,34% de las acciones de Fancesa a favor del Gobierno Autónomo de Chuquisaca que correspondían a la ex Prefectura de Chuquisaca y que fueron transferidas a Soboce en el marco de la Ley 1330, de 24 de abril de 1992, de Privatización y del Decreto Supremo 25523, de 28 de septiembre de 1999.

El empresario Samuel Doria Medina, en una entrevista con Página Siete, recordó que la expropiación sin indemnización de la parte de Soboce en Fancesa fue el “más grave daño que causaron” a su patrimonio por razones políticas.

“Pero Ésta es más una historia dolorosa para el país que para mí, porque a mí el grupo peruano que compró Soboce me pagó el valor de libros de Fancesa, 45 millones de dólares (que era la mitad de lo que costaba, pero era algo). En cambio, el Estado tendrá que pagar el resultado del arbitraje que este grupo extranjero ha interpuesto y que parece que lo obligará a dar una cifra mucho mayor que la que pedíamos nosotros”, advirtió.

El 23 de abril de 2013, la justicia ordenó pagar 93 millones de dólares por parte de la Gobernación a favor de Soboce por las acciones revertidas, más un interés de 6% anual por daños y perjuicios y tras haber vencido el plazo legal para la indemnización comprometida.

Doria Medina sostuvo que es posible que ahora el Estado tenga que pagar el triple a Soboce por la demanda de arbitraje que interpuso el Grupo Gloria como accionista principal de la cementera.

“Es posible que el Estado, por no querer pagar a tiempo lo que le debía a Soboce en manos bolivianas, ahora tenga que pagar casi el triple a Soboce en manos extranjeras. ¿Y quién se hará responsable de semejante resultado?”, cuestionó.

De hecho, el pasado 17 de marzo de este año el procurador general del Estado, Wilfredo Chavez, informó en Sucre que el Grupo Gloria demandó al Estado boliviano y pidió 260 millones de dólares por las acciones de la Gobernación de Chuquisaca en Fancesa.

Añadió que en la valuación que se hizo en su momento del paquete accionario, el valor no superaba 40 millones de dólares.

Además, dijo que la Procuraduría presentó una objeción de la jurisdicción.

Según Doria Medina, con el caso Fancesa y con otras demandas quieren atemorizarlo, pero aseguró que no lo van a lograr.

“No van a secuestrar mi voz ni a impedir que haga lo que tengo derecho y obligación de hacer como ciudadano boliviano. Éste es mi país. Estamos en democracia. Seguiré contribuyendo al bien común, les guste o no”, subrayó el empresario.

El arbitraje

La Procuraduría informó que el 11 de enero de 2020, los principales accionistas de Soboce iniciaron una demanda arbitral contra el Estado ante la Corte Permanente de Arbitraje.

El 14 de julio de 2020, Soboce comunicó que la empresa y sus accionistas decidieron iniciar un arbitraje internacional contra el Estado, invocando el Convenio sobre “Promoción y Protección Recíproca de Inversiones”, suscrito entre la república de Perú y la entonces república de Bolivia, el 24 de mayo de 1993.

El 6 de mayo de este año, el Tribunal Arbitral decidió bifurcar el caso, según lo solicitado por Bolivia.

En caso de prevalecer la posición boliviana el arbitraje concluirá, aseguró la Procuraduría en su rendición pública de cuentas en mayo de este año.

En diciembre de 2014, el grupo peruano Holding Cementero SA compró por 300 millones de dólares Soboce, empresa de la que hasta entonces era accionista mayoritario Doria Medina.

Bolivia tiene pendientes por resolver los arbitrajes interpuestos por Glencore Finance (Bermudas) por la reversión de las plantas fundidoras de Vinto Estaño, Vinto Antimonio y el Centro Minero de Colquiri. La empresa exige un pago de 675,7 millones de dólares.

También está la demanda de la Compañía Minera Orlandini, por la expropiación de sus concesiones mineras en Oruro (monto por definir) y la estadounidense Dulon LLC (2,9 millones de dólares) contra Emapa, además de la demanda del grupo Zurich por la AFP Futuro./Página Siete

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