ANH presenta querella contra exfuncionarios por desabastecimiento de combustibles en el Trópico
La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) presentará una demanda penal en contra del exdirector de ese regulador Hilarión Alcalá y otros exfuncionarios, por el desabastecimiento de combustibles líquidos y Gas Natural Vehícular (GNV) en el Trópico de Cochabamba en 2020.
El director Ejecutivo de la ANH, Germán Jiménez, afirmó que en la denuncia contra también se encuentran funcionarios de la Dirección de Sustancias Controladas del Trópico de Cochabamba y de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
El desabastecimiento de combustible en abril de 2020 desató la protesta de productores piscícolas y agrícolas quienes se declararon en alerta por la falta de combustible para las bombas de riego y oxigenación.
En ese entonces, la ANH emitió el 17 de abril de 2020, un comunicado donde señala que debido a “bajas intempestivas en la tensión eléctrica” fueron afectados los servidores, repetidoras y antenas que causaron graves daños al Sistema B-SISA y FACTURITO de las Estaciones de Servicio del Trópico de Cochabamba, Norte y Sud Yungas de La Paz y la Chiquitanía de Santa Cruz.
Jiménez, informó que solicitó mayor información de las instituciones que prestan el servicio eléctrico en el departamento de Cochabamba, las cuales informaron que “no existió” ningún tipo de actividad que haya causado dicha afectación a las estaciones del Trópico.
Posteriormente, la ANH informó que el 22 de abril de 2020, emitió otro comunicado en el que dio a conocer que las acciones correctivas para el restablecimiento del Sistema B-SISA y FACTURITO del norte de La Paz y Trópico de Cochabamba, a partir de la fecha en el servicio de GNV funcionará normalmente.
“Esta información es información dolosa ya que en el norte de La Paz no existe la comercialización de Gas Natural Vehicular, por todo esto es que presentaremos la querella para que se realicen las acciones judiciales correspondientes al caso”, añadió Jiménez.
La denuncia será presentada por la presunta comisión de los delitos de atentado contra la seguridad de los servicios públicos, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes.
