Alcaldía aprobó descuento impositivo del 60% y perfila rebaja en factura eléctrica; en tema luz, la medida no tiene base legal
Alivio económico en la recta final de la campaña política. La alcaldesa interina de Santa Cruz de la Sierra, Angélica Sosa, promulgó dos leyes municipales de alivio económico. La primera es la Ley Municipal de Medidas Económicas de Protección y Apoyo al Vecino en el Pago de Impuestos en el orden del 60% y la segunda es la Ley Autonómica Municipal de Reducción de Tarifa de los Servicios Básicos; sin embargo, ésta última medida no tiene base legal.
El descuento establecido en las obligaciones municipales será hasta un 60% en el pago de los tributos al municipio; sin embargo, las personas que se acogieron a los beneficios establecidos en la Ley Autonómica Municipal 1381, del 13 de enero de 2021 y modificada el 1 de febrero de este mismo año, tendrán un descuento adicional de un 20%, “por pronto pago”, refiere la ley.
La norma beneficia a los vecinos en el pago de inmuebles, vehículos y patentes, correspondiente a la gestión 2020, además de las patentes municipales de los centros de abastecimientos en el año 2021. Esta norma ingresó en vigor el 17 de febrero y finalizará el 31 de marzo.
Descuentos en facturas de electricidad
La segunda norma emitida por el ejecutivo municipal se refiere a los descuentos en los servicios de agua y luz. La ley señala que se pretende “promover descuentos solidarios” a las tarifas, mientras dure la pandemia del coronavirus.
La nueva norma establece que la Cooperativa Rural de Electrificación (CRE), Saguapac y todas aquellas cooperativas que también brindan los servicios básicos en la jurisdicción de Santa Cruz de la Sierra deberán descontar un 20% por la prestación de los servicios.
Empero, según las normas nacionales, la medida adoptada por Sosa es política y sin base legal.
La Autoridad de Electricidad y la AAPS son los entes encargados de fijar las tarifas de electricidad y agua, respectivamente, no los gobiernos municipales.
El año pasado, el Gobierno Nacional, mediante decreto, dispuso que los usuarios de los servicios deberían pagar solo el 50% del costo, pero el otro 50% fue asumido por las arcas nacionales, de tal forma que no se pone en riesgo la solidez financiera de las empresas prestadoras de servicios.
En el caso de esta ley autonómica, la Alcaldía no asume ningún costo; en otras palabras están incurriendo en demagogia y poniendo en peligro a instituciones modelo.
La nueva normativa se da en un contexto en el que la CRE realiza el cobro de más de 24 millones de bolivianos al municipio cruceño por consumo de electricidad en inmuebles e instituciones públicas dependientes de la Alcaldía cruceña.
