Los puentes, las empresas y el desarrollo
Últimamente se ha hablado y escrito bastante sobre el tema relativo a los puentes sobre el Río Pirai, principalmente para crear conciencia en toda la población que fundamentalmente lo que se quiere con la construcción de estos proyectos, es mejorar la calidad de vida de seres humanos.
En esta oportunidad quiero referirme a la situación de las empresas constructoras y desarrolladoras en general y sobre todo aquellas establecidas legalmente, que trabajan enmarcadas en las normas y disposiciones de Ley.
Creo que es necesario reivindicarlas por su importante contribución al desarrollo económico y social de los pueblos; muchos saben que es muy difícil hacer empresa en nuestro país y más aún mantenerlas a través del tiempo, muchas veces en situaciones particularmente desventajosas.
Permanentemente se las estigmatiza y confunde con ciertas actividades de otro carácter, es mas, hay quienes sin ningún conocimiento se atreven a emitir juicios de valor absolutamente fuera de lugar. Es totalmente justo que los empresarios realicen emprendimientos que están relacionados a cubrir necesidades de toda una comunidad, asumiendo altos riesgos financieros y de toda índole.
Es evidente que son empresas con fines de lucro, no están cometiendo ningún delito, al contrario, están creando miles de fuentes de empleo en nuestro país, resolviendo un problema social que beneficia a todos y contribuyendo significativamente al progreso del país.
Con respecto a la necesidad de la construcción de puentes para unir al municipio de Porongo con la Metrópoli, desde el ámbito privado se está trabajando para resolver un problema que debería ser resuelto por entidades estatales, y en lugar de reconocer el esfuerzo empresarial privado, se pretende descalificarlas por el solo hecho que no se someten a ciertas imposiciones e intereses.
No nos olvidemos que es responsabilidad del Estado construir la infraestructura básica, en las que se incluye las obras viales. Y obviamente, es responsabilidad de los ciudadanos pagar sus impuestos para cubrir los costos de estas inversiones y a su vez exigir que se atiendan las necesidades de la comunidad.
Por lo que parece ilógico que entidades públicas construyan barreras a la inversión privada y lejos de aportar al bienestar de los bolivianos, pueden generar retrocesos que terminan afectando la productividad, el empleo y la sostenibilidad de nuestro crecimiento.
Asimismo, no es correcto que se atribuyan responsabilidades a las empresas sobre incumplimiento de disposiciones medioambientales, es la Autoridad competente quien tiene la obligación de hacer cumplir estrictamente las normas vigentes. Seguramente cuando todos cumplamos debidamente el rol que nos corresponde, Bolivia se ubicará definitivamente entre los países lideres en el concierto internacional.
Fernando Crespo Lijerón
