Administración de Justicia: ¿La reforma para cuándo?
Al inicio de la presente gestión gubernamental todos los bolivianos fuimos testigos de señales ligeras que generaron la expectativa del inicio de un cambio en la administración de Justicia en nuestro país. Lamentablemente fue solo una señal fugaz y engañosa, para luego continuar con esta interminable penuria que tenemos que vivir todos los ciudadanos que nos enfrentamos a ese aparato degradado y totalmente corrupto que representa el sistema judicial boliviano.
Es para propios y extraños un verdadero vía crucis someterse a cualquier proceso que tenga que ver con el Poder Judicial. Hace unos días en una entrevista televisiva, se lo escuchaba al exministro de Gobierno Carlos Romero indicar con mucho énfasis y de manera sorprendente que la justicia es parte de la corrupción, es una institución sumida profundamente en la corrupción y que está atravesando su peor crisis. Concluía en esa oportunidad esta exautoridad, que es una tarea revolucionara y urgente la transformación de la administración de justicia en nuestra querida Patria. ¡Vaya descubrimiento!
Decíamos sorprendente, porque es de todos conocido que, si bien probablemente en estos nuestros días hemos llegado a un nivel extremo de corrupción en la justicia boliviana, este flagelo institucionalizado ha sido observado y denunciado por los ciudadanos desde tiempos inmemoriales y en las diferentes gestiones de gobierno democráticos y de facto a través de la historia, sin que haya existido jamás la mínima voluntad política de combatirla de manera frontal. Seguramente los bolivianos de todas las épocas hemos escuchado efusivos discursos en las promesas electorales de luchar contra la corrupción en todos los niveles, hechos que no pasaron de simples promesas incumplidas y de ilusiones frustradas.
Lo totalmente cierto es que la corrupción e impunidad se campea en todos los ámbitos de nuestra sociedad y seguramente la administración de justicia es la principal responsable y abanderada mayúscula.
Los cuantiosos recursos que genera la corrupción y van a engrosar las arcas de inescrupulosos ciudadanos, perfectamente podrían servir para mejorar sustancialmente los presupuestos de por ejemplo la Salud y Educación.
Es justo reconocer que de esta triste realidad somos responsables absolutamente todos, es evidente que sin darnos cuenta hemos sido cómplices y estamos atrapados en una red cada vez más difícil de romper. No obstante, lo peor sería darnos por vencidos y seguir sometidos a esta muy grave situación que nos daña y nos avergüenza sin hacer prácticamente nada.
Llama poderosamente la atención que instituciones como la Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno, el alma mater, formador de juventudes de hoy y del futuro no hagan escuchar su voz con autoridad genuina y pregonen con el ejemplo para generar la conciencia colectiva necesaria y provocar un cambio de actitud, ante este flagelo de destruye las bases morales de nuestra sociedad.
En una reciente nota de opinión el abogado Juan del Granado sobre la crisis del sistema judicial, decía: “deberíamos convertirlo en el momento terminal de la crisis en la administración de justicia que, además de la dependencia, padece de otras carencias centenarias; carencia de idoneidad personal y profesional de sus operadores; la carencia de recursos con un presupuesto misero que no llega al 1% del presupuesto general; la carencia de acceso a la gran mayoría de la población por insuficiente cantidad de jueces y fiscales; y la carencia de estrategia estatal de reformas, con solo retoricas de cambio que no llegan a empezar, donde se repite la corrupción, la retardación, la dependencia y la acción persecutoria de los jueces”. Y continua con una sentencia y propuesta: “no se puede esperar nada más de parte del Estado y del gobierno que no sea la repetición de estas lacras centenarias. Está claro que ha llegado el momento de la sociedad, el momento de la gente que es la que debe iniciar e impulsar un verdadero y profundo proceso de reforma”.
En la línea de estos pronunciamientos, no serviría de nada esta nota sino imaginamos y proponemos una forma de empezar desde la reacción impostergable del ciudadano común, de quienes sufren día a día esta amarga e injusta experiencia. Corresponde y es necesario en nuestro criterio, que se inicie una cruzada nacional liderizada por el propio pueblo, especialmente por los más vulnerables, la gente humilde que son los que más sufren sin piedad las consecuencias de este flagelo que lamentablemente es parte de la estructura de nuestra sociedad.
Fernando Crespo Lijerón – Vecino de Porongo
