Proyecto plantea subir aportes patronales y a Bs 5.200 pensión solidaria de vejez

El Gobierno propuso subir de 4.200 a 5.200 bolivianos el límite de la pensión solidaria de los trabajadores y para ello incrementará tanto el aporte patronal solidario de 3% al 3,5%, como los aportes de las personas que ganen más de 13.000 bolivianos. Este proyecto de “Modificación a la Ley de Pensiones” fue enviado por el propio presidente Luis Arce al presidente de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, para su tratamiento.

“De la reunión sostenida en fecha 26 de abril de 2023, entre la máxima dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB) y el Gobierno nacional se acordó: (…) Incrementar el límite superior de la escala en la pensión solidaria de Bs 4.200 a 5.200; y para el sector minero metalúrgico de Bs 5.000 a 6.000; incrementar el aporte patronal solidario”, detalla la exposición de motivos del proyecto de ley.

Estas modificaciones, según el documento, buscan viabilizar un incremento a los límites solidarios y garantizar la sostenibilidad del Fondo Solidario. Es decir, que este incremento permitirá que los trabajadores que tengan 35 años de aportes y un promedio salarial de 7.430 bolivianos accedan a una pensión solidaria de vejez de 5.200 bolivianos. En caso de que sea minero y tenga un ingreso de 8.571 bolivianos, podrá alcanzar los 6.000 bolivianos.

Los límites solidarios son aquellas cifras máximas y mínimas para determinar el monto de la pensión solidaria de vejez que se pagará en función de sus aportes. Los límites máximos, ya mencionados, son para las personas con 35 años de aportes; en cambio, en el otro extremo, están aquellas que sólo hicieron aportes por 10 años y tendrán un límite de 720 bolivianos.

Si realizó aportes por 20 años el límite inferior llega a 1.230, mientras que el superior alcanza a 2.340 bolivianos; si llegó a los 30 años su base será de 1.660 y el techo de 3.900 bolivianos; y por 35 años lo más bajo es 1.800, mientras que lo más alto es de 5.200 bolivianos. La jubilación dependerá de los años que trabajó y el monto de sus salarios.

El proyecto de norma dispone que para alcanzar este objetivo el aporte patronal solidario deberá subir del 3% al 3,5%; el aporte solidario del empleador minero pase del 2% al 2,3%, y los aportes de los trabajadores con ingresos superiores a 13.000 bolivianos tendrán incrementos en base a sus ingresos.

Por ejemplo, los que ganan entre 13.000 y 25.000 bolivianos el porcentaje de incremento sube de 1% a 1,15%; quienes perciban entre 25.000 a 35.000 bolivianos se les incrementará de 5% a 5,74%; y finalmente quienes tengan ingresos por más de 35.000 bolivianos deberá subir su aporte de 10% a 11,48%.

El analista Alberto Bonadona aseguró que estas cifras se determinaron “sin un criterio mayor de análisis”, considerando que fue el resultado de una reunión entre el Gobierno y la COB. “Se debería ver cómo fue el comportamiento de este fondo, qué ocurre con este fondo y hasta qué punto efectivamente se pueden elevar estos montos pero de una forma progresiva. Es decir, en economía se habla de una tasa progresiva que quiere decir que a mayor ingreso, mayor pago, como en este caso el aporte al fondo nacional solidario”, explicó.

Por ejemplo, dijo que al menos se debería analizar las utilidades y lo que podría significar un aumento de la tasa, que sea progresiva y hasta qué punto. Además, consideró que si bien el incremento figura como “aporte patronal”, en los hechos éste se transfiere a los trabajadores. “Es un costo que la parte patronal no lo acepta fácilmente y va a intentar pasarlo a los costos y a la parte laboral. Creo que lo más oportuno es hacer un análisis sobre su afectación a la empresa”.

Al exdirector del Banco Central de Bolivia (BCB) Gabriel Espinoza le preocupa el incremento para el empleador. “El proyecto de ley es claro, ya que suben los aportes patronales (…) esto es preocupante por el momento en que vivimos porque en el mercado laboral hay un deterioro muy fuerte en la calidad del empleo. De hecho, tras la pandemia el flujo de recursos que solían cobrar las AFP cayeron; eso quiere decir que el empleo formal cayó fuertemente”, aseguró.

Incluso, aseguró que con sólo observar los datos de ingresos de las familias publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), éste cayó cerca del 10% después de la pandemia y nunca se recuperó. “Por tanto, esto sugiere que hubo un deterioro en el mercado laboral, hubo una deformación muy grande y en ese entorno introducir mayores cargas al empleador formal lo único que va a generar probablemente es un mayor deterioro”, precisó.

Incluso, aseguró que este proyecto de ley es impulsado por una decisión política en torno a objetivos electorales. “Fue hecho para caer bien a la COB y al sector minero y arrancar la campaña. No tiene un trasfondo económico, porque el mercado laboral no está para soportar más incrementos”.

Jaime Dunn, experto en economía, aseguró que el Sistema Integral de Pensiones (SIP) tiene un gran componente del fondo de capitalización individual. Por supuesto, con el aspecto solidario se volvió a un sistema mixto: el primero de capitalización individual y el segundo solidario para las personas que hicieron aportes al anterior sistema de reparto.

El sistema de capitalización individual, donde cada trabajador aporta para su jubilación, necesita inversiones con altos rendimientos en el futuro. Una situación bastante compleja en el país considerando que las AFP -y ahora la Gestora- no lo puede hacer. En cambio, para Dunn al Fondo Solidario “no le importa dónde se invierte, sino quién pone la plata”. Es decir, que necesitan de trabajadores activos que puedan aportar a quienes necesitan ingresos por su jubilación.

“Ahora estamos en un modelo mixto, pero se debe hacer un cambio al sistema de pensiones porque eso de que unos deban poner para otros siempre va a estar con muchas consecuencias. Primero, no se puede hacer de forma infinita y, segundo, que el participar del sistema financiero y de pensiones de manera formal sea cada vez más oneroso”, explicó.

Dunn dijo que los incrementos patronales al final llegan a atentar contra el propio trabajador independiente por los altos aportes a dar. “Con esto se genera, al final de cuentas, un impuesto. No hay aporte solidario, sino uno obligatorio y eso es fundamental entender. Un trabajador está obligado a dar este porcentaje”./P7