La ilegalidad en la toma de propiedades se campea en Santa Cruz de la Sierra y las áreas rurales. Con documentación en las manos de que los terrenos están registrados en Derechos Reales, un juicio ganado de posesión de dos lotes durante 35 años y otros papeles legales, vecinos del Barrio 7 de Septiembre denunciaron este lunes el avasallamiento de dos terrenos y su correspondiente desalojo con el aval de una juez interina.
El más afectado es Hilarión Onofre Ferrufino que pagó hace varios años por un terreno de 297 m2 y ahora lo desalojan de manera arbitraria. Similar acción ocurre con otro terreno que fue adjudicado y transferido a la Cooperativa 7 de Septiembre.
El hecho se registra en el corazón económico del norte cruceño altura de la Universidad Ucebol donde los terrenos tienen mucho valor y de enorme plusvalía.
Con lágrimas en los ojos y pidiendo con clamor a las autoridades ediles y a la Justicia la reparación de los daños, los vecinos han instalado una bandera boliviana y la cruceña, además de una carpa para evitar que los supuestos dueños hagan de las suyas y sigan trabajando en el lugar.
Los afectados mostraron el certificado catastral, el registro de la propiedad inmueble y el plano de ubicación y uso de suelo. No obstante, el caso está en la Justicia.
“Yo me compré un lote de 297 metros cuadrados de manera legal y con papeles al día, con impuestos y el derecho propietario, el alodial, el catastral, todo lo hice verificar con abogados quienes me dieron el visto bueno para adquirirlo. Yo compré este lote de los vivientes con más de 37 años. Ello son fundadores del barrio y yo estoy aquí un poco más de 20 años. Tengo mi casa aquí, yo me compré aprovechando la oportunidad del lote que me ofrecieron y resulta que había un problema en el lote 2 donde había una demanda de hace tiempo, y en el que quieren aparecer con 500 metros pero esa dimensión no existe, porque todos los terrenos son de 10×30 normalmente, entonces debería ser 300metros, eso me afecta a mí pues al entrar al lote dos, mi lote ya lo han tomado ellos sin hacerme conocer en ningún momento el tipo de problema”, testimonia Onofre.
Al respecto la Coordinadora Nacional de los Barrios se comprometió a tomar el caso y anticipó que denunciará a los jueces que están cometiendo el ilícito. Saúl Montero, representante del sector señaló que hay un abuso de una juez suplente contra las personas al instruir un desalojo. “La justicia está podrida, los vecinos tienen que denunciar estos aspectos ilegales”, añadió.
Añadió que iniciarán una auditoría del proceso y una marcha contra la juez que falló a favor de supuestos traficantes de propiedades.
