Las autoridades de aeronavegación y de aeropuertos de Bolivia identificaron el dueño, el piloto y al último tramo legal que realizó la avioneta CP 3123, antes de que fuera encontrada en Argentina siniestrada cuando llevaba más de 300 kilos de cocaína.
La aeronave tiene como dueño a Nilo L.T. y su base de operación es el aeropuerto de El Trompillo de Santa Cruz, informó el Elmer Pozo, director de la Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol).
El último plan de vuelo legal de la avioneta fue del martes 18 de julio desde el Aeropuerto de El Trompillo hacia el aeródromo privado Río Negro, en Ascensión de Guarayos.
La autoridad señaló que se cumplieron a cabalidad los controles y que la aeronave fue liberada por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN).
Señaló que, según estos reportes, la avioneta salió a las ocho de la mañana de El Trompillo y llegó a su destino 27 minutos después.
El piloto registrado del vuelo era Beimar E.V.M., quien cuenta con su licencia aeronáutica. Se desconoce si tenía algún plan de vuelo posterior.
Según estos datos, el plan registrado mencionaba un vuelo privado que saldría el 18 de julio, pernoctaría y regresaría el 19 de julio.
Sin embargo, la tarde de ese mismo martes 18 de julio, la avioneta apareció siniestrada en el chaco argentino.
El director de la Aeronáutica Civil, José García, indicó que la avioneta no tenía permiso para salir del país,
Informó, además, que el aeródromo Río Negro está siendo suspendido, toda vez que existe una posible relación con un hecho ilícito. El mismo está a nombre del ciudadano Takeji O.T.
García afirmó que la ruta tomada por la avioneta después del aeródromo escapa al alcance de control que tiene el monitoreo de la actividad licita.
Indicó que el propietario del aeródromo asume la responsabilidad de todas las operaciones y deberá responder si ha autorizado o el vuelo posterior al registrado.
La aeronave ya había sido secuestrada en Bolivia tras verificarse que en mayo había salido sin autorización hacia Paraguay. Sin embargo, en junio fue devuelta a su dueño por decisión de un fiscal, contra quien el Gobierno anunció que se presentará una denuncia.
