Los primeros sorprendidos fueron los tres fiscales que indagaban el caso “narcovuelo” al enterarse de que fueron removidos de sus funciones, y reemplazados por otros miembros del Ministerio Público.
Los fiscales indagaban la incautación de 478 kilos de droga que fueron hallados en el aeropuerto de Madrid, en un vuelo procedente de Santa Cruz, Bolivia. El hecho había sucedido en febrero y fue la Aduana de España que intervino la mercancía, pero recién se conoció el escándalo el mes de mayo en el país
Posteriormente se conoció que la droga llegó en un vuelo contratado por la aerolínea Boliviana de Aviación. El caso adquirió ribetes de escándalo porque se cuestionó que se hubieran “burlado” los sistemas de seguridad del aeropuerto de Viru Viru, aunque las investigaciones se extendieron a Cochabamba desde donde presuntamente salió la droga.
Los nuevos fiscales asignados son Julio César Porras, Vinicius Castillo y Emanuel Ferrada para que asuman la investigación, mientras que los suspendidos del caso eran Rocío Medrano Urizar, Rubén Ordóñez y Fernando Mejía.
Según informes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), los fiscales quedaron sorprendidos con la decisión, y que la misma –según reflejó El Deber- fue porque “se tocó a los más altos mandos” de grupos de inteligencia, cargos jerárquicos de la empresa BoA, Naabol, Aduana y otros que habrían sido citados para que presten declaraciones.
Presuntamente, la comisión de fiscales saliente tenía previsto la citación al gerente de Naabol, Elmer Pozo, que depende del Ministerio de Obras Públicas; de la misma manera a autoridades de cargos jerárquicos de otras instituciones estatales que pudieran contribuir en las indagaciones.
Asimismo, según conoció este medio esta semana se iba a realizar operativos especiales para detener a personas de cargos jerárquicos que de acuerdo a las últimas investigaciones tenían nexos de manera directa con una mafia internacional que se encargó del transporte de casi media tonelada de droga en un vuelo comercial de BoA.
“Con el cambio sorpresivo de los fiscales, las acciones que estaban previstas quedaron frenadas”, afirmó un agente de la FELCN que por temor pidió reserva de su identidad.
Los requerimientos a declarar supuestamente iban a estar dirigidos al gerente nacional de BoA, de su jefe de seguridad y del responsable jurídico. El gerente nacional Ronald Salvador Casso Casso es hermano el coronel de policía Winston Fabián Casso Casso, quien sería asesor personal del ministro de Gobierno.
