En un audio, el interventor de ex Banco Fassil, Luis Gonzalo Araoz revela que se necesitan al menos $us 32 millones para honrar los sueldos y beneficios sociales a los más de 4.500 trabajadores y que además les propuso acceder a un plan de pagos debido a que no se cuenta con el dinero por el momento.
Se trata de una conversación que tuvo el ejecutivo con un grupo de trabajadores de Santa Cruz donde les señala que pese a la situación en la que se encuentra la entidad financiera, “no se rompió el vínculo laboral totalmente”.
Recordó que la cancelación de los salarios correspondientes a abril, “con corte a la fecha de la intervención”, fue cancelada, sin embargo, el de mayo, más los cuatro últimos días de abril restantes, señala que se consolidará directamente en la liquidación.
“Todo el proceso debería comenzar el lunes (19 de junio) y el lunes yo me iba a reunir con todos ustedes y decirles: señores a partir del día de mañana ya no son oficialmente funcionarios de Fassil. Pasa del día lunes pasen a su liquidación”, dice Araoz en el audio.
“Pero hay un tema que es importante y que deben saber: No les voy a pagar el 20 (de junio), porque no podemos. Tenemos una primera liquidación sujeta todavía a algunos ajustes que dice que necesitamos alrededor de $us 32 millones para pagar a todo el personal de Fassil, son 4.500 (trabajadores)”, continúa.
De inmediato, revela que por el momento no se cuenta con el dinero. “No tenemos esa plata, no hay, no es culpa de ustedes, menos mía, entonces lo que les hemos ofrecido a los señores es un plan de pagos”, dice.
“¿Y por qué no va a ser posible el lunes?, lamentablemente, le voy a echar la culpa a algunos funcionarios de Fassil, porque no terminaron su trabajo de contabilidad”, justifica.
Luego Araoz se compromete a que se realizarán el “esfuerzo mayor” para que el pago de los beneficios sea lo “más racional posible” y estima que podría ser en dos o tres meses.
En el caso de la situación de los trabajadores con algún grado de discapacidad, informa que, por su condición, tienen inamovilidad laboral y que se está gestionando que puedan ingresar a alguna entidad financiera o en alguna repartición del Estado.