Denuncian a élite de políticos involucrados en avasallamientos de tierras en Guarayos
La tierra es dinero y el dinero es poder. Una red de políticos del Movimiento al Socialismo (MAS) aparecen supuestamente involucrados en los avasallamientos de propiedades en la provincia Guarayos del departamento de Santa Cruz. A ello se añade que el uso de armas se ha hecho algo normal en las tomas de predios en la región oriental
Los nombres que aparecen van desde el expresidente Evo Morales, el exministro Carlos Romero, el actual viceministro de Tierras Ramiro Guerrero y que estarían en coordinación directa con organizaciones sociales (Interculturales, Cidob paralela y otros) para llevar a cabo estos ilícitos. El financiamiento proviene presuntamente desde el Trópico de Cochabamba.
Un grupo de abogados a los que accedió el diario financiero News Time revelaron que el modus operandi de los avasalladores van en estrecha coordinación con las exautoridades y se cumple a cabalidad de la letra principalmente en predios donde hay cultivos de soya o propiedades ganaderas. En la mayoría de los casos y con el objetivo de dar solución a la salida de los avasalladores es pedir dinero a los productores y empresas afectadas.
Lo que llama la atención es que se menciona hasta un abogado del ex ministro (Characayo) identificado como José César Cardona Lizondo y de los Interculturales.
Estos grupos irregulares, pretendiendo justificar sus ilegales incursiones en propiedades agrarias, exhiben documentos facilitados por el Viceministerio de Tierras, entidad que conoce la situación legal de cada predio, documentos que en muchos casos ni siquiera son de conocimiento de los propietarios de los predios avasallados. Se trata de información de procesos judiciales administrativos, carpetas de saneamiento en trámite ante el INRA, mapas cartográficos, imágenes satelitales y otros.
LOS CASOS
El vicepresidente de la Central de Organizaciones de los Pueblos Nativos Guarayos (Copnag), Julio César Sierra Terrazas, fue enviado con detención preventiva, por cinco meses, a la cárcel Palmasola, tras ser acusado de avasallar la propiedad privada denominada Yubi Guazú, del municipio de Ascensión.
El dirigente de los pueblos nativos de Guarayos fue aprehendido tras la denuncia de Margarita Flores Cáceres, por los supuestos delitos de avasallamiento y asociación delictuosa, informó Álvaro La Torre, abogado de la denunciante. Horas antes de ser capturado, el jueves, Sierra apareció en una fotografía junto al viceministro de Tierras, Ramiro Guerrero, en un acto que se desarrolló en oficinas de la Cidob.
La Torre dijo que el dirigente fue procesado penalmente porque el 13 de agosto de 2022 ingresó por la fuerza, junto a un grupo de avasalladores, a la propiedad Yubi Guazú, distante a 20 kilómetros del cantón Santa María, que estaba completamente listo para el cultivo.
El abogado señaló que su defendida vive en constante zozobra porque entran con frecuencia a sus tierras, rondan por el campamento, disparan con armas de fuego y agreden a sus trabajadores. “En aquella oportunidad cortaron el alambre, se robaron maquinaria, ganado, y Sierra estaba a la cabeza de este grupo”, sostuvo.
Por su parte, Margarita Flores, dijo que trabaja 31 años en su propiedad e identificó a Julio César Sierra Terrazas y a otras cuatro personas, como los cabecillas del grupo armado que destruyó sus cultivos y agredieron a sus trabajadores, para poder asentarse de manera ilegal en el lugar.
“Al final logramos probar la demanda. El tipo está preso, después de un largo peregrinar (…). Cuando nos avasallaron fuimos amenazados de muerte y perdimos 80 cabezas de ganado de mi propiedad que tiene título”, remarcó.
Reunión con viceministro
La Torre dijo que Sierra fue aprehendido horas después de una reunión que sostuvo con el viceministro de Tierras, Ramiro Guerrero, en Santa Cruz. Esta autoridad, al ser consultado por Correo del Sur, respondió: “¿Cuál es el problema?”.
Guerrero asumió como ministro de la extinta Corte Suprema de Justicia tras ser nombrado por decreto del expresidente Evo Morales. Además, fue asambleísta constituyente y fiscal general del Estado durante el gobierno de Morales.
Guerrero, que impugnó ante el Tribunal Agroambiental los saneamientos de tierras del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) durante el Gobierno de Jeanine Áñez, dijo que es una autoridad pública y que a diario se saca fotos con dirigentes
“Yo tengo fotos con 20.000 dirigentes de todos lados, cada día me saco fotos cuando voy al campo, ¿cuál sería el problema?, respondió Guerrero, a través de una llamada telefónica.
Consultado sobre su vinculación con el dirigente Sierra, detenido por avasallamiento de tierras, la autoridad dijo: “¿Qué vínculo puedo tener? a ver, dígame, soy una autoridad, me saco fotos con todo el mundo cuando voy al campo, cuando voy a reuniones, a eventos, ampliados en todo lado, ¿qué vínculo puedo tener?”, remarcó.
SANTAGRO
Información referencial de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), compartida por el presidente de la organización productiva, Fidel Flores, estima que la retoma de Santagro cometida por un presunto grupo irregular en el que aparecen dirigentes Interculturales, no solo pone en riego la cosecha de 1.800 hectáreas de soya, también atenta contra los $us 4 millones invertidos, según él, por los propietarios del predio que desde hace 20 años despliega actividades agrícolas en la zona.
Según Marcelo Aguilera, abogado apoderado de Santagro, con armas de fuego, machetes y palos, un presunto grupo de comunarios volvió a tomar el predio desalojando violentamente a los policías que se encontraban en el lugar, denunció el apoderado de la propiedad. En diciembre de 2022, el mismo grupo de personas, ingresó ilegalmente a la propiedad, distante 30 km de la zona Las Londras, en la provincia Guarayos. Aquella vez se anotó la pérdida de 1.400 hectáreas sembradas.
Dentro de estos grupos aparecen los nombres de Edwin Pérez, Vicente Ollisco , Samuel Tórrez (dirigente en San Pedro), Elías Tejerina que trabajó en el Viceministerio de Tierras hasta mayo de 2021 y finalmente una profesora jubilada de nombre Miriam Ortiz.
Los trabajadores de la empresa advierten con enfrentamientos en los próximos días si es que no se retiran los avasalladores.
Al respecto, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) exigió a las autoridades del país seguridad jurídica y uso de la fuerza pública, es decir de la Policía Boliviana, contra los avasalladores de tierras.
La demanda de la CAO se da después de que el lunes nuevamente el predio Santagro, situado en la provincia cruceña de Guarayos, fuera avasallado por un grupo de 150 personas que de manera violenta tomaron los terrenos en los que se cultiva soya. En diciembre del año pasado también se intervino el mismo predio y meses antes Las Londras.
Cabe recordar que en diciembre de 2022, el exministro de Gobierno Carlos Romero, reveló que detrás de los avasallamientos en Santa Cruz están organizaciones ligadas al narcotráfico. Empero, negó que su persona esté involucrada en estos actos ilegales.
LAGUNA CORAZÓN
El mismo modus operandi fue ejecutado en la propiedad Laguna Corazón. El Dr. Juan Pablo Peña, quien defiende jurídicamente el predio, relata que también Julio César Sierra, dirigente indígena campesino, sería unos de los supuestos cabecillas que comandaría los avasallamientos amenizando el derecho propietario y la vocación productiva, con ellos estarían involucrados Hilarión Ávalos (que ahora guarda detención preventiva), Freddy Arienda, Iver Gutiérrez, Carlos Rojas, juntamente con el Ing. Forestal Milton Arredondo. El jurista afirma que ampliarán la denuncia contra Javier Quinta, Rony Massai y otros.
“La propiedad agrícola ganadera no sufrió ningún recorte y menos fue declarada tierra fiscal, el INRA aún está calificando el cumplimiento de FES pese a que ya se contaba titulada, pero lastimosamente se transmitió una falsa información del interior del INRA afirmando que el territorio que comprendía Laguna Corazón era fiscal y podría otorgarse a las comunidades. Eso provocó que dirigentes como Sierra, Arienda, Quinta, Masia y Milton Arredondo, empiecen a convocar a comunarios para ingresar violentamente al predio con el objeto de repartírsela media vías de hechos”, agrega el jurista.
