Asamblea de la Paceñidad rechaza resultados del Censo y exige auditoría técnica internacional a todo el proceso
La Asamblea de la Paceñidad se declaró este martes en estado de emergencia en rechazo a los resultados del Censo de Población y Vivienda 2024 del municipio y exigió una auditoría técnica internacional a todo el proceso.
En la resolución aprobada se cuestionó los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre la cantidad poblacional en el municipio, ya que tiene “serias contradicciones que no pueden ser, de manera alguna, técnicamente sustentadas”.
La Alcaldía de La Paz convocó al encuentro donde diferentes instituciones, organizaciones y juntas vecinales asistieron para rechazar los datos difundidos. En los diferentes pronunciamientos pidieron movilizaciones, pero no fueron aprobadas en documento final.
“Todas las instituciones y organizaciones sociales que conforman la Asamblea de la Paceñidad se declaran en estado de emergencia, solicitando la realización de una auditoría técnica internacional a todo el proceso censal con la participación de estas instituciones y organizaciones, así como del propio Gobierno Autónomo Municipal de La Paz”, señala uno de los puntos aprobados.
Tampoco se permitirá “bajo ningún concepto” recortes al presupuesto asignado al municipio como efecto de la realización del Censo de Población y Vivienda “con resultados equívocos, dudosos, contradictorios y que no pueden ser técnicamente sostenidos”.
Se exigió además al Gobierno y al INE publicar los resultados obtenidos del proceso de Actualización Cartográfica Estadística que estimó la cantidad de población en el municipio y la encuesta post censal de cobertura que obtuvo información de la cobertura y “omisión censal”.
En el anterior Censo de 2012, el municipio de La Paz hubo 766.468 habitantes, pero ahora la cifra bajó a 755.732, es decir, una reducción de 1,4%.
Otra de las determinaciones de la Asamblea de la Paceñidad es que los datos del Censo no pueden entrar en vigencia para la distribución de recursos económicos y de representantes parlamentarios hasta que no se revisen los datos y se publiquen estos de forma definitiva y oficial.
