Un ampliado de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígena Originarias de Bolivia «Bartolina Sisa», que responde a la facción evista, exigió la aprobación de un proyecto de Ley de Permanencia Obligatoria de Autoridades en el país, denominada “Ley de Arraigo” para evitar que el actual presidente Luis Arce Catacora y vicepresidente David Choquehuanca fuguen del país cuando acaben su mandato constitucional.
El evento realizado el 21 de junio en la ciudad de La Paz, aprobó una resolución de siete puntos, donde explican que ese proyecto de ley permitirá juzgar a Lucho y David como presuntos “hechos de corrupción, contrabando, narcotráfico y los que han destrozado la economía de nuestro Estado plurinacional de Bolivia”.
Entre otras decisiones, el ampliado apoyó a Evo Morales como único candidato del Bicentenario, destacando que su gobierno implementó políticas públicas de género que integraron a las mujeres bolivianas en las áreas social, económica y cultural.
Además, conminaron al gobierno de Arce y Choquehuanca a promulgar el paquete de leyes sancionadas por más de dos tercios de la Asamblea Legislativa Plurinacional, convocado por Andrónico Rodríguez, argumentando que es legal y constitucional, y desconocieron las atribuciones del actual Tribunal Constitucional Plurinacional.
Advirtieron que, en caso de no ser escuchadas, tomarán medidas drásticas para hacer cumplir las leyes aprobadas el pasado 6 de junio en la sesión de la Asamblea.
La facción evista exigió al gobierno de Arce y Choquehuanca solucionar de forma inmediata la distribución irregular y el desabastecimiento de combustibles, la ausencia de dólares, que afecta la actividad económica y el bolsillo de las familias bolivianas, así como el incremento del precio de la canasta familiar. Advirtieron que la crisis económica es altamente crítica y podría significar la pérdida de los avances sociales consolidados durante el proceso de cambio.
Asimismo, demandaron transparencia respecto a la situación de las reservas internacionales, las cifras de comercio exterior, los índices de precios al consumidor y el porcentaje real de crecimiento económico.
También pidieron la abrogación del Decreto Supremo 4732, argumentando que atenta contra el uso y disposición de la propiedad privada del pueblo boliviano, y señalaron que ni el Ministerio de Justicia ni la AGETIC tienen competencia para gestionar los derechos propietarios de los bolivianos y bolivianas.
Las Bartolinas de la facción evista se declararon en estado de emergencia permanente ante cualquier medida neoliberal y antipatriarcal, para defender a sus afiliadas y al pueblo boliviano. Finalmente, exigieron a Juan Carlos Guarachi y a su directorio de la Central Obrera Boliviana convocar de manera inmediata al Congreso Ordinario de la Central Obrera Boliviana.
