Litio: Camacho tilda de ineficientes y corruptos a gobiernos de Evo y Arce
El gobierno de Luis Arce denunció que hubo serias irregularidades en la construcción de la planta de litio. Un daño económico al Estado por unos 64 millones de dólares. Esto ocurrió, según la querella, durante el gobierno del MAS, entre 2013 y 2017.
“Como ya pasó con el gas, la corrupción masista ahora ha puesto las manos en el litio, la principal riqueza que le queda a Bolivia», afirmó el gobernador Luis Fernando Camacho.
Camacho señaló que el gobierno de Evo Morales anunció en 2011 una inversión de 900 millones de dólares en la planta de litio y que han pasado trece años desde ese aviso, “y la planta de litio no funciona”, por el contrario, “hoy sabemos que hubo corrupción en su montaje, por eso Bolivia está rezagada en la exportación de litio”.
Dijo además que la crisis económica que hoy vive Bolivia, podría paliarse significativamente si se estuviera en condiciones de exportar este recurso, pero que “los manejos ineficientes y corruptos de los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce tienen paralizada la explotación de litio”.
Camacho recordó que Luis Arce firmó acuerdos con la empresa china Contemporany Amperex Technology y con la rusa Uranium One Group, “pero mantiene en secreto esos contratos, lo cual constituye también una grave vulneración a la Constitución”, algo que no tiene razones válidas por lo que la “única razón sería que escondan corrupción y acuerdos desventajosos para el país”.
“Exigimos al gobierno de Luis Arce que, de manera inmediata, abra procesos contra las exautoridades responsables de la corrupción millonaria en las plantas de litio. Y, a su vez, que cumpla la Constitución y transparente los acuerdos que firmó con las empresas chinas y rusas. Los contratos secretos solo esconden corrupción y daños para Bolivia”, remarcó el gobernador.
Denuncias
Yacimientos de Litio Boliviano presentó la denuncia formal ante el Ministerio Público en contra de una decena de personas por irregularidades en las piscinas de evaporación en el complejo industrial de Uyuni.
Los delitos que se apuntan en este caso son: contratos lesivos al estado, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y otros por un daño económico al Estado de más de 425 millones de bolivianos.
La presidenta de YLB, Karla Calderón Dávalos, informó que se identificaron tres factores para formular la denuncia contra los investigados entre los que figuran un exdirector de operaciones, un gerente de la empresa, además de personal operativo de supervisión de obra y el contratista.
