Ya pasaron siete años desde que el expresidente Evo Morales entregó el condominio Wiphala, en El Alto, y hasta hoy la Contraloría General del Estado no hizo ninguna supervisión ni fiscalización a la institución pública que lo ejecutó, AEVivienda. Tampoco actuó de oficio.
Esa es la conclusión a la que se llegó después de hacerse efectiva la 17ª Sesión Ordinaria sobre la petición de informe oral que la Comisión de Política Social de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) realizó a la contralora interina, Nora Herminia Mamani Cabrera.
“Con 579 millones de bolivianos que se ha invertido y continuamente se sigue invirtiendo en su mantenimiento. Mi pregunta es si se ha realizado alguna auditoría a estos planes de vivienda”, preguntó el diputado, a lo que Mamani respondió: “Hemos programado para el segundo semestre de 2023 hacer dos actividades de control externo posterior, una supervisión ya está en proceso y una auditoría operativa que se va a dar inicio en el cuarto semestre (sic) (trimestre)”.
