Luego de conocer que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) determinó que la investigación sea trasladada a La Paz, la defensa legal de los exejecutivos del Banco Fassil cuestionó esa decisión y advirtió que en el país no existe seguridad jurídica.
“Esta decisión es una arbitrariedad total, no existe seguridad jurídica en el país ni respeto al debido proceso. Estas acciones son evidentemente realizadas por el Ministerio de Justicia, pretendiendo acumular los casos a como de lugar para llevarlo a La Paz, atentando contra el sistema jurídico sin respetar los derechos de las personas”, afirmó a la ANF Mariano Medina, abogado del expresidente del Banco Fassil, Ricardo Mertens.
El 28 de julio, el Tribunal Constitucional emitió un fallo para que el caso sea trasladado a la sede de Gobierno y anexado a un solo expediente, tal como solicitó el Ministerio de Justicia a través de un recurso legal interpuesto el 28 de junio.
“El Tribunal de Garantías, al conceder la tutela solicitada, no obró de manera correcta (…) Por tanto: el Tribunal Constitucional Plurinacional (…) resuelve: revocar la Resolución 15/2023 de 28 de julio y, en consecuencia, denegar la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional”, dice el documento en su última parte.
