Este 30 de junio se cumple un mes desde que se destapó el caso ‘Narcovuelo’, un escándalo que salpica a instituciones estatales y que está relacionado con el envío de casi media tonelada de cocaína a España a través de un vuelo que estaba bajo la responsabilidad de la aerolínea Boliviana de Aviación (BoA). Hay 9 detenidos y la investigación se traslada a Cochabamba.
Los nueve detenidos se encuentra recluidos de manera preventiva en el penal de Palmasola; sin embargo, las críticas han surgido en torno a la dirección que ha tomado la investigación debido a que aún no cayeron los considerados ‘peces gordos’ que están relacionados con la fabricación de la cocaína que apareció en el aeropuerto de Barajas, en Madrid.
De los detenidos, cuatro son exfuncionarios de BoA, una trabajadora de la Aduana, un sargento de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico y tres representantes de una empresa de courier que está implicada por ser la despachante de la ‘encomienda’ en la que se encontraba la droga.
A esto se suman que fueron separados de sus cargos los máximos ejecutivos de Navegacion Aerea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol) y de BoA, según informaron en días pasados desde el Ministerio de Obras Públicas. Además, se anunció el cambio del personal policial desde que saltó el escándalo.
Las autoridades que investigan el caso evitan dar más detalles alegando que el caso se mantiene en reserva; sin embargo, este jueves se reveló que las diligencias ahora también se concentran en Cochabamba, específicamente en el aeropuerto Jorge Wilstermann, donde se allanaron oficinas de las entidades públicas que operan en esta terminal aérea.
Sin embargo, no se pudo conocer mayores detalles y el fiscal departamental de Santa Cruz, Róger Mariaca, justificó esta figura al referir que el caso todavía se mantiene en reserva y en su debido momento, pero remarcó que se continúa impulsando las diligencias respectivas para tener nuevas luces en torno a este asunto.
Mariaca adelantó que la comisión de fiscales que investiga el caso se encargará de dar los detalles sobre las acciones realizadas en su debido momento.
Ante estas acciones, el diputado Alberto Astorga (Comunidad Ciudadana) aseveró que la droga incautada en España salió desde el Chapare (Cochabamba) y por ello sostuvo que debe haber una intervención inmediata hacia este región del país.
“Seguramente el ‘pez gordo’ que ha comandado esta exportación ilegal de droga se encuentra en el Chapare, cada vez las pruebas son más claras y debería existir una intervención inmediata en este lugar”, apuntó Astorga, al referir que también se debería investigar “al presidente de las seis federaciones del Trópico de Cochabamba, Evo Morales”.
Al respecto, el diputado Walthy Egüez (Creemos) advirtió la compleja situación del Estado boliviano en el contexto internacional ante el desmesurado aumento de hechos de narcotráfico que involucran al país, remarcando que la administración de Arce Catacora “permite una mayor capacidad de acción impune a los narcos en territorio nacional”, ejemplificando la situación con el narcovuelo.
