ANH demora otorgación de licencias de operación a surtidores y causa temor

Demora. Sin explicación alguna la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) demora en otorgar licencias de funcionamiento a decenas de surtidores y causa preocupación en los inversionistas nacionales que pasan por un vía crucis para poner en marcha sus negocios. El impacto es cuantioso. Los retrasos superan en algunos casos hasta dos años.

Una investigación periodística del diario financiero www.newstime.bo revela la odisea por la que tienen que pasar los empresarios. En Bolivia existen muchas Estaciones de Servicio (surtidores) que están construidas, pero hasta la fecha no reciben su Licencia de Operación.

Estas Estaciones de Servicio, son privadas, vale decir que empresarios nacionales emprendieron con este negocio de los surtidores y aun no tienen el ‘privilegio’ de contar con la aprobación del Estado a través de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

En un recorrido por varias estaciones de servicio se pudo constatar que estas empresas nacionales son las que, en definitiva, facilitarán la provisión de los combustibles a toda la población.

Estas empresas entran en competencia entre sí, con muchas de las reglas fijadas por el Estado. Lo más importante es el precio. Este precio está fijado por el Estado y está inamovible hace más de 10 años.

Otro factor es la comisión que reciben estos surtidores, por el trabajo de comercializar combustibles.
Según los entrevistados por nuestro diario financiero se revela que por cada litro de Gasolina que el Surtidor vende recibe una comisión de 3.6% y si este porcentaje se lo lleva a bolivianos, se entiende que por cada litro de gasolina que vende el surtidor en 3.74 Bs, recibe una comisión de 0.13 Bs. (13 centavos de boliviano). Y así sucesivamente con los otros productos.

Los empresarios deberán competir entre sí, con otros factores que no sean el precio ni la calidad del producto, ya que los combustibles tienen un solo distribuidor y este es YPFB. Es así que la competencia se centra en atraer a los potenciales compradores, con la calidad y la vistosidad de las Estaciones de Servicio y también con la calidad de servicio.

En el trabajo investigativo, se refleja que a lo largo del país existen cada vez mejores Estaciones de Servicio que se esfuerzan para realizar un servicio que agrade y fidelice al potencial cliente.

Haciendo un análisis de cifras se puede entender que no es negocio espectacular, como mucha gente piensa. Sin embargo, estos empresarios emprendedores, se estrellan con el Estado (ANH) que frena su implementación al no conceder en un tiempo racional, la Licencia de Funcionamiento.

Es así que se observa que hay surtidores que han esperado hasta dos años para obtener su Licencia, siempre con el pretexto de que no se acomodan al Reglamento vigente. En la suposición que así sea, el Estado tiene la obligación de facilitar y entorpecer el camino legal que estos surtidores deben transitar, refieren algunos de los entrevistados que piden mantener en reserva su nombre para no verse afectados.

En ese contexto, parece irónico cuando uno escucha que nuestro país pide que inversores extranjeros vengan a radicar sus esfuerzos y por supuesto su dinero y se ve con mucha persistencia que los inversores nacionales no pueden transitar fácilmente el camino legal para su funcionamiento.

Los empresarios llaman a la reflexión a las autoridades del rubro, en este caso a la ANH, para que la misma sea facilitadora y no entorpezca las inversiones nacionales y porque no, extranjeras también.

“Este retraso en la otorgación de Licencias de Funcionamiento, de ninguna manera creemos que sea para inducir al inversor a transitar caminos reñidos con la legalidad. Creemos que el atraso se debe a la complejidad que debe tener la ANH en sus funciones diarias, más aún cuando vemos que hay un sinnúmero de funcionarios nuevos, seguramente con algún conocimiento, pero sin experiencia. Estaremos atentos a la evolución de la otorgación de Licencias de Funcionamiento”, señala uno de los afectados.

Otro inversionista refiere que “es importante que el país nos pueda garantizar la seguridad jurídica a nuestras inversiones, no solo en este sino en cualquier sector. El inversor realiza un análisis e invierte en función a lo proyectado, cuando esto no se cumple y se desconoce la legitimidad se inicia un peregrinaje que no debiera existir para quien busca generar empleos y apoyar al país sobre todo en este rubro”.

Encontrarse en un camino de malas “interpretaciones¨ a la norma es entrar en una caverna oscura imposible de salir porque la ley no está para interpretar sino para cumplir.

Otro inversionista nacional señala que “cuando los funcionarios creen que así “cumplen” su trabajo solo le están haciendo daño al inversor sino al país mismo. La ley debe cumplirse y respetarse sino nadie va querer tomar un camino que no sabe a dónde puede llevarlo, y lo que es peor ni siquiera a tener la certeza de recuperar la inversión”.

En ese sentido, los afectados piden que es importante que las personas que trabajan en este tipo de instituciones sepan y conozcan tanto de aspectos técnicos como legales, que tengan la experiencia y la seguridad para realizar análisis de los proyectos y verificaciones apegadas a la ley pero no a su capricho.