Petróleo&Minería

Experto de Jubileo advierte que la política hidrocarburífera atraviesa por un problema estructural

La situación es complicada desde hace siete años cuando la producción de gas natural empezó a bajar de manera constante, sostiene Velásquez, al advertir que existe un “problema estructural” en el sector hidrocarburos.

“Bolivia no está en la mejor posición negociadora con Argentina”, afirma el analista en Energía e Hidrocarburos de la Fundación Jubileo, Raul Velásquez, a raíz de la constante baja en la producción de gas natural, cuando se cumple el plazo para la firma de una sexta adenda en el contrato de exportación de gas natural a ese país.

La situación es complicada desde hace siete años cuando la producción de gas natural empezó a bajar de manera constante, sostiene Velásquez, al advertir que existe un “problema estructural” en el sector hidrocarburos que deviene desde hace 15 años.

“Creemos desde Fundación Jubileo que hay un problema estructural, lamentablemente a veces la atención de la agenda pública se centra solo en el efecto, como ahora que es la adenda, o un eventual cambio en los precios del petróleo”, declara Velásquez a la ANF.

Argumenta que la política de hidrocarburos no responde a la Constitución, a la situación del país, ni a la nueva realidad de la región porque el 2005 Argentina no tenía Vaca Muerta y Brasil no tenía presal; pero tampoco la situación mundial por el cambio climático y la crisis medioambiental.

“Todos estos factores tienen que influir en una nueva política hidrocarburífera, repensar al sector hidrocarburífero considerando que el gas natural es un combustible de transición; además con una mirada de 10 o 20 años hacia adelante. Eso es muy importante”, afirmó Velásquez.

Considera que el problema estructural requiere respuestas a nivel de reformas normativas, institucionales, “hay que arreglar todo el problema de institucionalidad tan desgastada y distorsionada, el tema ambiental es un factor fundamental y el tema fiscal también”, anotó.

Detalló que el régimen fiscal aplicable al sector no es atractivo para las inversiones, porque está orientado a la captura de renta, la mayor participación del Estado en la ‘torta’, no obstante, dijo que la ‘torta’ puede desaparecer si no hay exploración.

El riesgo de mantener esta política es que el país vaya perdiendo su participación en el mercado argentino y brasileño, porque hasta ahora son compradores, pero se están convirtiendo en productores, por lo tanto, competidores de Bolivia.

La quinta y la sexta adenda al contrato

Este 1 de febrero tendría que entrar en vigencia la sexta adenda en el contrato entre Bolivia y Argentina, para el envío de volúmenes de gas natural. Es más, en julio de 2021 ya se debía haber suscrito, pero por falta de acuerdos se retrasó la firma.

La situación es “muy complicada” para el país y no es de hoy, sino de los últimos seis o siete años. Velásquez explica que de acuerdo al Plan de Desarrollo del sector Hidrocarburos que presentó ese ministerio en 2015, actualmente se debería estar produciendo 73 millones de metros cúbicos por día, pero la producción es de 43 millones de metros cúbicos por día.

Además, en el marco de ese plan quinquenal el país ya debería contar con un nuevo contrato con Brasil, no obstante, hasta ahora solo se cuenta con una adenda para el cierre del acuerdo.

“Entonces, Bolivia no está en la mejor posición negociadora con la Argentina porque básicamente tenemos un contrato con Brasil que esta con adenda, pero no tenemos un contrato a largo plazo; tenemos una caída en la producción casi permanente en los últimos seis años, que no ha sido revertida”, sostuvo.

La quinta adenda se firmó en diciembre de 2020, en el gobierno de Luis Arce, para el envío de menos volúmenes de gas a la Argentina, el mínimo ya no era 10 millones de metros cúbicos, sino 9 millones de metros cúbicos por día y se establece un máximo de 14 millones de metros cúbicos.

“Estas adendas con Argentina en especial la cuarta y la quinta responden a un problema de Bolivia de no contar con suficiente producción, es un problema de oferta de gas natural. No es un problema de demanda sino de oferta”, precisó Velásquez.

Es decir, que el problema es de Bolivia que no tiene suficiente gas para cumplir con sus compromisos con la Argentina. Por esa razón, ambos gobiernos analizan la firmar de una sexta adenda que debiera entrar en vigencia este 1 de febrero.

Plantea que la adenda debiera establecer volúmenes programados hasta el fin del contrato, es decir, hasta el 2026, para evitar esta dinámica de negociar una adenda cada año, como se lo hizo en los últimos tiempos.

“Lo ideal sería que esta sexta adenda dé una garantía de volúmenes y precio para el cierre del contrato. Esto es importante para Bolivia porque permite asegurar un mercado y atraer inversiones a la actividad de exploración”, precisó el experto.

Identifica que uno de los problemas es que a la par de la sobreexplotación de los campos no se hizo actividad exploratoria, más aún cuando estas operaciones son de alto riesgo, costosas y los resultados no son inmediatos.

Insistió que la situación de hidrocarburos es el efecto de la política hidrocarburífera que se ha implementado en mayo de 2005 con la Ley 3058. Tanto minería e hidrocarburos son actividades de largo plazo, 10 o 15 años.

La ruta crítica en la producción de gas

El analista en los temas energéticos recordó que el contrato de exportación de gas a la Argentina fue firmado el 2006 y termina el 2026, 20 años. De acuerdo a ese contrato, se estimaba que Bolivia el 2010 iba a poder exportar a ese país 27 millones de metros cúbicos por día.

El compromiso suponía un crecimiento e incremento muy rápido de la capacidad de exportaciones, cuando ni siquiera había la infraestructura como un gasoducto que permita esa cantidad de gas para la exportación.

Cuatro años más tardes, el 2010 se produce la primera adenda en la que se pactan nuevos volúmenes de envío. “Se mantiene el horizonte de poder exportar 27 millones de metros cúbicos por día, pero se ve un crecimiento paulatino. Se reprograma la oferta de gas natural para los próximos años”.

Después hubo una segunda adenda en torno al tema del precio, una tercera adenda en relación a la garantía de pago de la Argentina y luego vino una cuarto adenda el 2019, en la que se establece una cantidad máxima de exportación de 14 millones de metros cúbicos de exportación para invierno y se fija una cantidad mínima de 10 millones de metros cúbicos. Cuando se debía enviar 23 millones.

Velásquez puntualizó que existe la tendencia de atribuir la crisis económica a la situación de la pandemia, pero el gas natural que se constituye en el principal hidrocarburo que produce el país se incrementó en un 50% entre 2009 a 2015, ese último año llegó a producir 60 millones de metros cúbicos.

El incremento es atribuido a la “sobreexplotación” acelerada de los campos descubiertos a finales de la década de los 90 y principios del nuevo siglo, no obstante, no hubo suficiente exploración que permita reponer esas reservas y encontrar nuevos campos de hidrocarburos.

Así se explica que desde 2016 empieza a caer la producción año tras año, 2016, 2017, 2018, hasta llegar al 2021 a un promedio de producción de 43 millones de metros cúbicos por día. “Desde el 2015 a la fecha hubo una caída permanente de la producción de gas natural debido a la falta de exploración”.

Este escenario se constituye en un problema para Bolivia, porque a raíz de la caída en la producción de gas natural, se ha tenido que renegociar los contratos de exportación para no incurrir en sanciones y multas.

Además, que el país está adecuando los mercados y los contratos de exportación a su capacidad actual de producción “para no comprometernos por mayores volúmenes que al final no vamos a poder cumplir”, sostuvo.

Las conversaciones al negociar las adendas incluyen el tema precios y volúmenes. “Esto impacta a Bolivia en términos de ingresos fiscales, cualquier disminución si comparamos con el 2010 ya hay una importante disminución de casi la mitad del volumen que pensábamos que se podía exportar.

Asimismo, repercute en menores recursos económicos por regalías y por Impuesto Directo a los Hidrocarburos, lo que afecta a gobernaciones, municipios y universidades, entre otros.

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