En agosto, el gobierno de Luis Arce se trazó como meta inmunizar contra el coronavirus (Covid-19) al 90% de la población boliviana vacunable. Ejerció más presión este último mes con la aprobación de dos decretos supremos con los que impulsa a la población a vacunarse bajo condición de que no se podrá ingresar a las instituciones públicas y privadas sin un certificado de vacunación o prueba PCR de 48hrs. de antelación.
Este domingo, la viceministra de Salud, Alejandra Hidalgo, advirtió a las personas que quieran ejercer su derecho a no vacunarse con que ellos mismos correrán con los gastos para obtener las pruebas PCR negativas que aproximadamente tiene una valor de Bs 800, ya que las pruebas que adquirió el Gobierno solo es para uso en temas de salud.
“Hoy la PCR y la prueba antígeno nasal son gratuitas en todos los establecimientos de salud. Sin embargo, como yo he decidido no vacunarme, si fuera ese el ejemplo, debo portar el certificado PCR que yo debo pagar. Debo ir a un laboratorio privado, como yo estoy eligiendo ese derecho, cancelo. Más o menos son 800 bolivianos las pruebas PCR. Es un gasto de bolsillo de la persona que elige ese derecho”, advirtió Hidalgo en Bolivia TV.
Mediante decreto supremo, el Gobierno conminó a la población a vacunarse y ese control se realizará en todos los establecimientos públicos y privados o donde haya aglomeración de personas desde el 1 de enero para mayores de 18 años y desde febrero para las personas menores a ese rango de edad, a partir de los 5 años de edad.
