La reactivación de la Planta de amoniaco y urea es incierta
El ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina; el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Wilson Zelaya; el director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Germán Jiménez; y el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, inspeccionaron este sábado la Planta de Amoniaco y Urea (PAU) y constataron el avance en los respectivos cronogramas de cara a la reactivación de la misma. Empero, su puesta en marcha es incierta.
El Ministro de Hidrocarburos manifestó que “estamos haciendo seguimiento al cronograma que se ha planificado en diciembre para poner en marcha la Planta de Amoniaco y Urea. Hemos venido a constatar qué avances hay; sin embargo, en esa tarea, se van encontrando algunos otros temas. Se han contratado una serie de servicios, y se vienen ejecutando todos los otros planes de mantenimiento y toda la parte de diagnósticos como la provisión de recursos humanos especializados”.
Agregó que “se confirma una vez más lo que habíamos mencionado en nuestra primera visita a la Planta de Amoniaco y Urea, y es que la acción deliberada de paralizar este complejo industrial petroquímico ha generado un daño económico al país de más de 250 millones de dólares. Sin duda, este es un gran daño económico al país. No es tarea fácil reactivar la planta, ponerla en operación y mantenimiento. Sin embargo, creemos que con el equipo comprometido en la gestión, y la decisión de nuestro presidente Lucho Arce de poner en marcha esta planta, se van a ir cumpliendo los cronogramas”, según indica un reporte de prensa.
Por su parte, el Director de la ANH, afirmó que existen grandes avances para reactivar la Planta.
“Ahora nos hemos constituido hasta este lugar, luego de haber realizado una primera inspección en diciembre pasado y podemos decir que hay avances muy importantes para la reactivación de esta Planta”, indicó.
Jiménez dijo que la ANH, como ente regulador de la cadena hidrocarburífera, garantiza la trazabilidad de un cronograma de inspección para que pronto la Planta de Amoniaco y Urea vuelva a operar y el país entre en la dinámica de producción.
“El compromiso de la ANH es lograr ese objetivo, por eso realizamos ese trabajo conjunto con la Asamblea Legislativa Plurinacional, para ser fiscalizadores de la reactivación de la Planta”, sostuvo, según un boletín de prensa institucional.
Por su parte, el presidente de YPFB, indicó que “hay varios equipos dañados que fueron identificados ya en diciembre. No obstante, ello, debido a que no se ha hecho una hibernación adecuada de la planta ni un buen mantenimiento durante el año pasado, en que ha estado la planta parada, se van evidenciando algunos otros daños adicionales que van a ser cuantificados para ver al final cuánto nos va a llegar a costar todo, la reparación y puesta en marcha de esa planta. Definitivamente los daños son incalculables desde el punto de vista de la pérdida de credibilidad después de haber ganado clientes durante tanto tiempo”.
“Ahora trabajamos con el equipo comercial paralelamente a la restauración de la planta para ir cerrando algunos aspectos comerciales de manera que en mayo o junio, cuando la planta ya esté empezando a funcionar, podamos enlazar rápidamente la comercialización del producto principal de la planta que es la urea”, acotó.
Todo indica, agregó Zelaya, que se ignoraron los procedimientos establecidos para el manejo de la PAU y una eventual paralización de actividades, y para mantenerla en ese estado. “Esto ha generado cuantiosos daños a la economía de la empresa porque se ha tenido que pagar alrededor de 70.000 dólares por cada cinco días de mantener la planta parada para proteger los catalizadores de la misma. Felizmente, hemos podido conseguir e importar temporalmente un equipo en calidad de alquiler que nos está brindando el servicio ahora, en tanto y cuanto se pueda poner en servicio la planta”, sostuvo.
Por su parte, el presidente del Senado dijo que se conformará una comisión mixta entre diputados y senadores para inspeccionar no solamente las plantas industriales, sino también proyectos camineros que se han paralizado, con financiamiento garantizado.
“La situación de la planta de potasio en Oruro, las plantas termoeléctricas en Yacuiba y Entre Ríos, el caso de la planta nuclear en El Alto”, indica el reporte.
