Abogado laboralista ve que el manejo político de la jubilación obligatoria genera susceptibilidades
El abogado laboralista Hernán Clavel se ha pronunciado sobre la propuesta del gobierno de implementar la jubilación obligatoria a los 65 años, contenida en el proyecto de reforma a la ley de pensiones. Según Clavel, el manejo político de este tema ha generado susceptibilidades y rechazo entre varios sectores, incluyendo médicos y maestros.
Clavel señala que la preocupación principal radica en la percepción de que, aunque la jubilación obligatoria no esté explícitamente establecida en el texto, el contexto político y social sugiere lo contrario.
«El gobierno está manejando este asunto desde un interés político partidario,» comentó a tiempo de indicar que el hecho de que una entidad gubernamental sea la encargada de evaluar la capacidad física y psíquica de los trabajadores para determinar si, al cumplir 65 años, pueden continuar trabajando, implica un manejo discrecional que podría resultar en decisiones arbitrarias.
El abogado advierte sobre la posibilidad de corrupción en este proceso. Según él, algunos podrían recurrir a prácticas indebidas para continuar trabajando. «El gobierno asegura que un instituto técnico especializado en medicina ocupacional llevará a cabo las evaluaciones, pero todos sabemos que en las instituciones públicas a menudo falta personal capacitado en los puestos necesarios», comentó en el programa “La Mañana en Directo” de la red Erbol.
Esta susceptibilidad ha llevado a sectores como el de la salud y la educación a oponerse al proyecto de ley. «Muchas personas del sector público se oponen porque desean continuar trabajando, dado que sus rentas son bajas. Sin embargo, esto también revela una problemática con funcionarios que no cumplen adecuadamente con sus labores y buscan evitar evaluaciones continuas que podrían determinar su inaptitud para el cargo, independientemente de su edad,» explicó Clavel.
La norma propuesta estipula que los trabajadores se jubilarán a los 65 años si cumplen con los requisitos establecidos por ley, que incluyen tener un saldo acumulado en su cuenta previsional y una pensión igual o superior al 60% del referente salarial de vejez, entre otros.
Clavel también menciona que la reducción de la densidad de aportes a 120 meses facilita el acceso a la jubilación, una medida tomada en consideración de la inestabilidad laboral.
Sostuvo que el gobierno busca reducir su planilla salarial obligando a la jubilación, ya que los nuevos empleados no recibirán el bono de antigüedad ni ganarán los mismos salarios que los antiguos. Sin embargo, esta medida perjudicaría a muchos padres de familia que todavía sostienen a sus hijos con ingresos bajos.
La reforma propuesta sigue siendo objeto de debate y controversia, con diversos sectores expresando sus preocupaciones y objeciones al respecto.
