El desarrollo de las fronteras en Bolivia está condicionado al permiso político
La desesperada iniciativa de los dirigentes cívicos al llamar a la Asamblea de La Porteñidad al ver que la economía de su municipio agoniza, conlleva desconocimiento de la normativa constitucional que es el principal regulador del desarrollo en las zonas fronterizas.
El Art. 262 de la carta magna, expresamente declara zona de seguridad a las franjas fronterizas hasta 50km., prohibiendo expresamente adquirir la propiedad en ese espacio a cualquier extranjero, directa o indirectamente.
Para planificar el desarrollo de una determina región es necesario establecer tres elementos principales: planificación, inversión (pública – privada) y consumo. Si bien es cierto que la planificación en el municipio porteño está ausente y la inversión pública no se ejecuta desde la Plan del Polo de Desarrollo del Sudeste Bolivianos propuesto en el 80º, no es menos cierto también que Bolivia en general, no es atractivo para la inversión privada, lo cual crea una receta peligrosa para el desarrollo de la región.
A ello es necesario considerar que el Estado prohíbe la inversión extranjera privada en franja de frontera, bajo condición, lo cual obliga al inversor extranjero -en este caso el empresario brasilero en particular, que ve interés en la región por estar cerca de la jurisdicción de su país-, a nacionalizarse o pedir permiso al Poder Político de turno para ejecutar alguna inversión, como el caso excepcional de las empresas chinas que están construyendo la siderúrgica.
Entonces, la intención de la dirigencia porteña para buscar mejores días en su municipio, peca de inocente al no considerar que por mandato constitucional, prohíbe la inversión privada al rechazar que un inversor extranjero pueda ejercer la propiedad en franja de frontera, sometiéndola al interés del poder de turno para alguna inversión publica pueda ejecutarse en la región.
A eso debe sumarse que el Estado se encuentra ausente en la frontera Sudeste y todas las fronteras en general, cuando desde hace veinte años se crea la necesidad de pensar en las ciudades intermedias que auxilien los problemas generados por el exceso poblacional en los municipios del eje troncal.
Cursa en el despacho del Presidente de la Cámara de Senadores, el proyecto de las Zonas Económicas Especiales, cuales inicialmente podrían confundirse con Zonas Francas, pero por su estructura fiscal son diferentes, proyecto que seria la esperanza para reactivar la económica en el municipio Porteño, beneficiando además al municipio de Puerto Quijarro. Lastimosamente dicho proyecto esta ahogado en el procedimiento legislativo, preso por una ideología política que no ve con buenos ojos la economía liberal, por tal razón es muy probable que no se apruebe en los próximos años.
Solucionar la escasez y necesidad de las fronteras, exige recurrir a planes y proyectos a mediano y largo plazo, tomando como necesidad primigenia, la modificación de la estructura constitucional.
Juan Pablo Peña Martinez/Abogado especialista en la jurisdicción del Mercosur
