El ministro de Economía y Finanzas Pública, Marcelo Montenegro, descartó acudir a un decreto supremo para aprobar el reformulado del Presupuesto General del Estado 2023 y denunció un “sabotaje pactado” entre Evo Morales, Carlos Mesa y Fernando Camacho en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
“Nosotros nos regimos por facultades que nos da la norma, en este momento, no existe ninguna normativa que permita habilitar el presupuesto mediante un decreto supremo”, sostuvo respecto a la declaración que hizo el senador de Creemos, Henry Montero.
Montenegro calificó como un “boicot económico” el rechazo a la norma de 92 legisladores del ala “evista” del Movimiento Al Socialismo (MAS) con el apoyo de las opositoras Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos.
“Queda claro para nosotros, como Gobierno nacional, que se ha realizado un atentado a la economía nacional, a la economía popular, a la economía regional, a la economía de los municipios, de las gobernaciones y también de las universidades”, sostuvo.
El secretario ejecutivo del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), Freddy Mendoza, lamentó el rechazo al proyecto de ley y pidió a los legisladores anteponer los intereses del país y no de grupos minoritarios.
El dirigente no descartó en “cualquier momento” el sistema universitario pueda activar movilizaciones en contra del rechazo al PGE 2023.
Mientras que el director ejecutivo de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM), Rodrigo Puerta, consideró como una “puñalada en la espalda” a las alcaldías lo ocurrido en la sesión en medio de las necesidades para la atención por la sequía.
