Exministro afirma que la libre importación de carburantes no funcionará y urge un acuerdo para evitar colapso del Estado
El exministro de Gobierno, Carlos Romero, cuestionó la medida del gobierno de permitir la libre importación de combustibles como una solución de emergencia para el suministro de diésel y gasolina en el país. Según Romero, esta medida “no va a funcionar” y enfatizó la necesidad de un acuerdo nacional que permita estabilizar la economía, fortalecer la política y restablecer la institucionalidad.
Explicó que la libre importación debe estar respaldada por una estructura logística adecuada y un soporte financiero que garantice precios estables y evite presiones inflacionarias en los productos básicos. Además, destacó que son necesarias medidas sociales que alivien el impacto en la economía popular.
«Tal como está planteada, la libre importación es una medida aislada, con mercados segmentados, que coloca al país en un escenario de incertidumbre y de un panorama económico gris», afirmó.
Déficit económico y presión sobre el Estado
Romero señaló que el Estado enfrenta una creciente presión financiera, con necesidades mensuales de 300 millones de dólares para la importación de combustibles y otros 100 millones de dólares para el servicio de la deuda externa.
Aunque destacó que el gobierno ha cumplido con sus obligaciones de deuda, advirtió que este esfuerzo se ha realizado sacrificando la compra de combustibles debido a la falta de generación de divisas.
En cuanto al consumo de diésel, detalló que en épocas normales la demanda es de 6 millones de litros diarios, y que en épocas de mayor actividad agrícola subía a 7 millones de litros. Sin embargo, con la contracción del sector productivo y agrícola, se vislumbran posibles carencias de alimentos, especialmente en febrero del próximo año.
“Estamos en un momento crítico en el que ya no se pueden hacer ambas cosas, es decir, pagar la deuda y comprar combustible. Esto podría llevar al colapso económico y a un proceso hiperinflacionario, que, según Bloomberg, podría manifestarse entre diciembre del próximo año y enero de 2026”, señaló a RKC.
Medidas urgentes y llamado a un acuerdo nacional
Romero advirtió que, sin medidas correctivas, el país enfrentará un escenario de caos económico, desorden social y deterioro institucional. En este sentido, planteó medidas urgentes en tres áreas clave: la economía, la institucionalidad y la política. «Si no se toman acciones inmediatas, entraremos en un colapso generalizado», alertó.
Defendiendo la necesidad de un gran acuerdo nacional, Romero subrayó que Bolivia necesita «menos política y más economía». Criticó que el gobierno utilice a magistrados “autoprorrogados” que se prestan al juego de armar telenovelas y politizar la agenda mediática en Sucre, donde emiten resoluciones inconstitucionales para desordenar la agenda política y lo único que están haciendo es hacerle más daño y más daño al país”.
Aclaró que su propuesta no busca un acortamiento del mandato presidencial ni la renuncia del gobierno. «Estamos planteando un espacio de reflexión para construir un acuerdo nacional que estabilice la economía, garantice la gobernabilidad y reconstruya la institucionalidad del país», concluyó.
