El tribunal de Arce y el holocausto chiquitano

Al igual que las leyes germanas, que fueron aplicadas acorde a los preceptos de justicia de Hitler, y cuando los tribunales establecían que no era delito perseguir y eliminar a los judíos, en Bolivia, ya no sorprende que los juristas acomoden las sentencias para ocultar o destruir la verdad histórica de un proceso judicial.
Cuando un país enfermo en su moral desfigura la justicia interponiendo intereses políticos y económicos, siempre saciará la sed de poder de algún mafioso gobernante.
Así sucede en Bolivia desde que el analfabeto Evo Morales impuso que sus deseos sean complacidos y las leyes determinadas a su manera. A la fecha, con el fracasado Luis Arce Catacora, se ha tornado un vicio establecer el ordenamiento jurídico al servicio de una causa privada de justicia.
Con marcado desatino ha surgido una corriente de pretender imitar a los denominados «juristas del horror» de la época de Hitler, haciendo creer al pueblo que las determinaciones son legales, por cuanto, se supone, que los delitos no son sancionados porque, juzgados y tribunales no aplican medidas idóneas.

En el caso del «Holocausto Chiquitano» en el cual los autores provocaron la pérdida de cuatro millones de hectáreas de bosques, la complicidad determinó no sancionarlos a pesar de la brutalidad y el salvajismo perpretado.
La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT) anunció un proceso penal contra el juez cautelar de Guarayos, Roberto Cruz Hurtado, por otorgar libertad irrestricta a tres acusados de causar incendios en ese municipio, que fueron encontrados en flagrancia.
El juez desestimó las pruebas presentadas por la ABT y el Ministerio Público. La ABT denunciará al juez ante la Fiscalía Anticorrupción, por resoluciones contrarias a la ley y prevaricato, aduciendo que la justicia no acompaña la lucha contra los incendios en el país. El tercer proceso deja en libertad a los aprehendidos.
Hay indignación por liberar a los detenidos encontrados con once turriles de combustible en su poder cuando incendiaban la TCO La Chonta, y exigen que las autoridades se unan a la demanda contra el magistrado.
La modalidad de aplicar justicia en nuestro país se caracteriza por no ser independiente y se pliega a los amos del poder.
Como en la Alemania nazi, lo que pasó fue inenarrable, donde padecieron seis  millones de personas asesinadas en un santiamén, asi también, en el «Holocausto de la Chiquitanía» mueren millones de animales. Los incendios aniquilan la producción ganadera y agrícola, la flora y la fauna.
Catacora, no sólo quiere ver a los chiquitanos incinerados a causa del holocausto; también genera un clima para que mueran de hambre y supliquen al gobierno por una libra de arróz, tal como ya lo anunció.
Los chiquitanos padecemos la peor parte de este holocausto injusto. Ante los ojos del radicalismo somos «el enemigo» por antonomasia.
Catacora: ¡No destruyas a la tierra que es orgullo del Precámbrico!  La Chiquitanía produce equinos y bovinos de de élite; exporta la mejor calidad de carne a otros continentes; genera soya con un elevado porcentaje proteíco y producción por hectárea, similar al suelo de Mato Grosso do Sul.
El monstruo desequilibrado y fanático comunista ha llegado al extremo de permitir que los tribunales liberen a delincuentes, porque, considera que el trabajo del juez no debe ser restringido. Incluso, sería capaz de sustentar y defender que el exterminio de los bosques en la Chiquitanía, –que efectúan los masistas— es una actividad legal y apegada a la norma.
Resulta imperativo empezar a desenmascarar a los jueces que liberan a los ecocidas, los criminales que destruyen los bosques, matan la fauna y envenenan el aire que enferma y llena de humo los pulmones de los pobladores.
Cruz Hurtado es el mismo que liberó a los avasalladores que secuestraron a periodistas en Las Londras, el año 2022. Ahora libera a quienes queman nuestra floresta. ¿Hasta cuándo el gobierno seguirá gestando el horror que fundamenta el genocidio y el surgimiento del holocausto en la Chiquitanía?
La quema sistemática de los bosques y agonía de la tierra productiva chiquitana, desde hace cinco años,  auspiciada por el estado, ¡no tiene perdón de Dios!

Por su parte, el Tribunal Penal Sala Segunda de Santa Cruz, deberá responder ante la verdadera justicia divina por haber eliminado las medidas sustitutivas que le aplicó el Juez de Instrucción en lo Penal de San Ignacio de Velasco, Miguel Borja, al imputado abigeatista Oscar Luis Rivero Vargas.
En la audiencia de apelación del 23 de agosto, el Tribunal Penal, liberó al inculpado de la detención domiciliaria sin custodia policial y le redujo la fianza económica de 50 mil a 25 mil bolivianos.
La víctima del robo de 104 cabezas de ganado, Gina Mendía, pidió al juez la revocatoria de las medidas cautelares personales porque el imputado no cumplió y no se sometió al proceso, demostrado el riesgo procesal previsto por el artículo 234 del Código de Procedimiento Penal.
Durante tres meses, el imputado no se presentó al Ministerio Público cada quince días a firmar el libro de control de investigaciones; no presentó la boleta de depósito de fianza de 50 mil bolivianos en las oficinas de depósito judicial del Tribunal Departamental; no presentó el certificado de arraigo a nivel nacional expedido por Migración. No cumplió las medidas cautelares impuestas, en aplicación al artículo 247 del Código de Procedimiento Penal. 
La víctima requirió la detención preventiva del imputado, a ser cumplida en Palmasola. Demandó el incremento del monto de la fianza, y solicitó a ASFI el congelamiento de todas las cuentas a nombre de Rivero Vargas, a fin de precautelar la reparación del daño, con las formalidades de ley.
La justicia no consideró la invalidez física de la denunciante para acelerar el proceso y hacer justicia. El proceso fue descaradamente manipulado por el Ministerio Público,  y el fiscal de materia Víctor Hugo Cervantes no participó de la audiencia virtual. Implicó un grave daño económico y quebrantó la  salud de la afectada que hoy deambula por una querella criminal que la justicia dilata de forma ignominiosa.

Gina Mendía Gandarilla

Periodista