Petróleo&Minería

ESM avaló contrato con bufete de Arce por ‘barato’; surgen más dudas y críticas

La Empresa Siderúrgica el Mutún (ESM) justificó la contratación del bufete de Héctor Arce, exministro de Justicia, por ser el más barato respecto al monto ofertado por otros estudios jurídicos para defender a la estatal en el arbitraje que interpuso Jindal. La noticia genera una ola de críticas pues se eligió a una empresa ligada a gente afín al MAS y que ni siquiera cuenta con el aval del directorio de la ESM. Al momento ni la Alcaldía de Puerto Suárez, ni la Gobernación de Santa Cruz tienen directores en la empresa siderúrgica.

En un comunicado, la firma explica que el proceso de contratación fue iniciado bajo la Modalidad por Excepción, en sujeción a lo dispuesto en el Inciso o) del Artículo 65 del Decreto Supremo 181, de Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.

Añade que la  aplicación de la referida modalidad de ninguna forma fue un impedimento para transparentar este proceso de contratación, ya que éste no fue cerrado o restringido a un solo proponente sino con “invitación pública” a potenciales proponentes que deseen participar y adherirse a la causa de la ESM.
 
Según la estatal, producto de la convocatoria, que se publicó en medios de prensa escritos y la página web de la ESM, se presentaron  15 propuestas,  entre empresas nacionales y extranjeras, con  montos que oscilaron entre 900 mil dólares y 1,3 millones de dólares, entre otros.  

Estos valores, según la ESM , se alejan de la política  de austeridad prevista por el Estado. 

La ESM aclara que  el Registro Público de Abogados de las empresas o sociedades civiles no fue incorporado como requisito en la convocatoria.

El contrato con el bufete Alliance Abogados Asociados SC establece un monto de  360 mil dólares. De esta cifra,  130 mil dólares se destinarán a la presentación del memorial de contestación de la demanda, 10.000 dólares para la solicitud de prestación de documentos,  90.000 dólares para la dúplica,  125 mil dólares para la asistencia a audiencias y  5.000 dólares para el escrito postaudiencia.

Dos expertos criticaron el accionar de la ESM, pues no se puede adjudicar la defensa a alguien por ‘barato’ sino en base a la experiencia y calidad profesional. Hacen notar que si es por bajo costo, debería ser entonces la misma Procuraduría la que defienda a una empresa estatal y no contratar firmas nacionales que no tienen éxito en este tipo de procesos.

Asimismo dan cuenta que la ESM cambió la modalidad habiendo varios concursantes.

Según se pudo conocer, al momento se ventila un arbitraje con la Jindal por $us 88 millones. Cabe recordar que el Estado boliviano ganó un proceso en instancias judiciales de Bolivia, por dos boletas de garantía por un valor de $us 36 millones.

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